Hay dudas de que la perversa costumbre oficial de contratar obras públicas mediante contratos a la medida del único proponente se termine. Hay un proyecto de ley que busca ponerle punto a esa cultura corrupta de la contratación tipo sastre, pero no hay seguridad de que termine aprobado.

Hay muchos, realmente demasiados, intereses en juego, y mientras alguien  no demuestre lo contrario, la corrupción es mucho más poderosa que la honradez, y más si se trata de enfrentar y combatir de verdad las malas prácticas públicas desde un organismo como el Congreso.

De todos modos, el proyecto merece el apoyo general. Lleva implícita la gran intención de impedir que el 5 por ciento del presupuesto nacional vaya a las cuentas bancarias de los contratistas oficiales y de sus contratantes.

Son más de 10 billones de pesos que el Estado pierde cada año a manos de los corruptos, principalmente a través de contratos ‘tipo sastre’, es decir, aquellos que un alcalde o un gobernador hace a la medida exacta de un contratista amigo que, además, termina siendo el único que aparece como contratista.

Esos intereses particulares del funcionario y del contratista coinciden, y al decir del presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, esos intereses son “tramposos y corruptos”.

Ojalá el proyecto se haga realidad, y antes de lo que los realistas calculan. Así se aplicará un torniquete que podrá detener la hemorragia, aunque sea en forma parcial, porque apuntará a los contratos de obras públicas de infraestructura.

Pero otra parte de la contratación, la que no se refiere a obras públicas sino, por ejemplo, a la prestación de servicios, quedará, como hasta ahora, descubierta y desamparada. Y en ellos también, la corrupción de contratantes y contratistas, que adquiere a veces niveles repugnantes, anda a sus anchas.

De acuerdo con un estudio de la CCI, el 85 por ciento de la contratación pública en Colombia se queda en un solo proponente. Aunque “haya pluralidad de oferentes, siempre termina en un solo”, dice el estudio.

Y advierte que en los municipios, la contratación de obras con un proponente único alcanza a 85 por ciento de la totalidad de los contratos. Y 50 por ciento en los departamentos.

La idea de los promotores del proyecto es la de cambiar el actual sistema de contratación, que permite contratos a la medida del proponente único, por otro que se incline por un contrato al estilo de la ‘talla única’, a la que deberán someterse todos los que quieran contratar. Así, si varios proponentes coinciden en su oferta en relación con una obra pública, hay más posibilidades de contratar al mejor.

Desde luego, acabar con un fenómeno generalizado y con raíces profundas en la cultura gubernamental colombiana, es una tarea ardua y antipática. Pero hay que hacerlo, hay que ponerle fin. Hay que ir mucho más allá de lo que prometió el entonces presidente Julio César Turbay, de combatir la corrupción y dejarla en sus justas dimensiones.