Por fin el Gobierno radica esta semana su proyecto de reforma tributaria estructural, sobre cuyo contenido impositivo se ha creado una gran expectativa y muchas inquietudes e incertidumbres en todo el país.

Lo primero que hay que señalar es que el actual no parece el momento más indicado para tramitar esta reforma si se tienen cuenta la situación política interna, por los vaivenes del acuerdo de paz con las Farc y los resultados desastrosos del plebiscito del pasado 2 de octubre para refrendarlo.

Éste fue un costoso desgaste que el Gobierno pudo haberse evitado. A esto hay que agregar que estamos en el último tramo del periodo legislativo correspondiente al presente año y al Gobierno también se le comienza a terminar el tiempo para evacuar satisfactoriamente la agenda legislativa, y entramos en nuevo proceso de agitación política de cara a las elecciones de 2018.

En el campo internacional siguen presentes las incertidumbres y los altibajos de la economía por la caída de los precios del petróleo, la devaluación, la baja del comercio exterior y la inversión extranjera directa. Y están latentes también los riesgos de bajas notas de las entidades calificadoras internacionales.    

Son problemas y situaciones que no podemos soslayar. En todas partes los impuestos son necesarios y hay que pagarlos para obtener buenos recaudos y con ellos financiar las obras y planes de desarrollo económico y social que favorezcan a las comunidades más vulnerables.

Pero hay que estar pendientes y alertas para no permitir ni tolerar su despilfarro o desvíos. El gobierno igualmente está obligado a hacer todos los esfuerzos y desplegar los recursos pertinentes para contener la evasión, la elusión y lo que más frecuentemente pasa en nuestro medio: la corrupción y las malas prácticas de gobierno.

Nadie entiende ni acepta, por ejemplo, que inmensos recursos que se destinan para la salud, la educación y la administración de justicia terminen en los bolsillos de los corruptos. Se hacen todas las denuncias, en los medios y en todas partes, pero la corrupción sigue en alza y no se captura o castiga a los responsables.

Por la falta de información clara y oportuna sobre el contenido de la nueva reforma, el Gobierno ha dicho que el llamado monotributo para los sectores comerciales que no se han formalizado, no es un nuevo impuesto a los tenderos y pequeños comerciantes sino una alternativa para el pago de las obligaciones tributarias. Es solo para personas naturales que hoy ya declaran.

Entidades de la sociedad civil como la Red de Justicia Tributaria consideran que el monotributo “es un mecanismo para mermar la informalidad en el comercio y es importante que todos entremos a contribuir, desde nuestras posibilidades, porque en un sistema tributario todos tienen que aportar”.

El propósito del gobierno es que este monotributo lo paguen 600.000 tenderos en el país, distribuidos en tres categorías, según sus ingresos. Los que lo paguen ahorran para su pensión de vejez y tendrán acceso a los servicios de las Cajas de Compensación, de la banca, de exenciones y subsidios del Estado, etc. De lo que se trata es de mitigar la informalidad en sectores como el comercio y de unificar los impuestos de renta e IVA, según lo que ha reiterado el Gobierno.

Bienvenido el debate público sobre la reforma tributaria, pero que se haga en forma sosegada y rigurosa. Y que ojalá logre los objetivos de ampliar la base tributaria, es decir, que haya más contribuyentes, pero, quizás lo más importante, es que se aborde y ponga remedio a la corrupción que ha tomado unas proporciones gigantescas en nuestro país.