Esta temporada de lluvias abre la oportunidad para evaluar comportamientos y actuaciones que terminan provocando  adversidades, en su mayoría relacionadas con inundaciones, daños de viviendas y arrastre de material.

Al ser pasados por alto y desacatados los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), las demás normas urbanísticas y el tácito manual de cultura ciudadana, las consecuencias son delicadas y costosas, desde todos los puntos de vista.

Pero también la falta de autoridad o la permisividad oficial para que lo normado no sea tenido en cuenta hacen parte de la batería de hechos desencadenantes de situaciones que afectan a las familias y las comunidades.

En el mismo sentido se encuentran los proyectos aplazados, hechos a medias, no  terminados o cargados de problemas que en aspectos relacionados con el manejo de las aguas lluvias mediante canalizaciones o de los muros de protección o el montaje de obras de infraestructura, porque las fallas o la ausencia de las mismas igualmente llegan a facilitar la ocurrencia de situaciones de riesgo.

Y algo que se ha normalizado pero que en épocas lluviosas pasa factura, es el de arrojar basura o desechos a las calles o canales, porque al acumularse se tapan los desagües, las alcantarillas se rebosan y finalmente también son un factor generador de que las aguas se desborden.

Luego, entonces, la falta de cultura ciudadana para el manejo de los desechos, tendría que empezarse a erradicar mediante jornadas educativas especiales en los barrios y comunas de los municipios del área metropolitana de Cúcuta.

Taponar los conductos por donde corren las aguas, bien sea construyendo encima de ellos o convirtiéndolos en botaderos, constituye un serio peligro. Y en ese sentido también hay otro elemento de riesgo, como es hacer construcciones en áreas por donde cruzaban riachuelos que se creen están secos, pero que cuando llueven reaparecen.

Y ni hablar de la violación flagrante a la ronda hídrica, la cual no solamente es un requisito administrativo más sino una orden que debe acatarse para protegerse de eventos extremos de crecidas de ríos y quebradas.

Lo cierto en este aspecto, es que este incumplimiento termina siendo altamente costoso no solo desde el campo de las pérdidas económicas por la inundación y destrucción de viviendas y daño de los enseres, sino porque la vida de quienes las habitan y de otras zonas quedan en peligro.

Por lo tanto, las autoridades municipales tienen que volverse inflexibles, máxime en estos tiempos en que por las incidencias del cambio climático los aguaceros han adquirido mayor intensidad.

El cumplimiento a cabalidad con los diseños urbanísticos en cuanto a las obras hidráulicas, las canalizaciones y planes de mitigación tiene que normalizarse y no ser objeto de constantes discusiones y debates, como si eso no fuera necesario para un entorno seguro en esas materias.

Los POT deben ser reforzados, mejorados, actualizados y lo más obvio, hechos respetar sin ninguna opción de volverlos flexibles, porque de lo contrario corren el riesgo de pasar a convertirse en objeto de burla, exponiendo a las ciudades a multiplicar las zonas de alto riesgo por no hacer acatar las normas.

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