“Procedió sin recato alguno y desprovisto de cualquier principio, a utilizar su cargo de investidura como gobernante distrital para lograr su cometido”.

Las palabras del juez 14 de conocimiento de Bogotá son para justificar la condena de 18 años de cárcel e inhabilidad perpetua para desempeñar un cargo público que le impuso al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, pero quizás debieran hacerse fórmula general para aplicarla a todo funcionario corrupto.

Lo hecho por ese juez y el fiscal Juan Vicente Valbuena contra la mafia del Carrusel de la contratación en el Distrito Capital, de enviar a prisión a uno de los grupos de funcionarios más corruptos de los últimos tiempos, debería ser puesto de ejemplo a los jueces y fiscales de Norte de Santander.

Y a los procuradores, contralores, personeros e investigadores de bolsillo que plagan los pasillos y las oficinas de la burocracia local y regional.

Pero, tal vez así no ocurra; no, al menos mientras la Justicia y los entes de control del Estado en este lado del país dependan de ciertos líderes políticos que, más que apadrinar a los funcionarios, los colocan en esos cargos para que hagan lo que les ordenen. Nada más.

Y, con ello, lo único que se logra es que la corrupción se incremente, con la impunidad como estímulo y como garantía de que mientras se actúe bajo la égida del gamonal, todo estará bajo control.

A lo largo de la historia, en la mayoría de los pueblos se ha emulado o al héroe o al campeón o al más ilustre... En Norte de Santander, sucede lo mismo con el funcionario corrupto: quienes lo siguen, quieren ser como él y, si se puede, superarlo. Total, lo peor que podría pasar sería que el objetivo no se pudiera lograr.

En Norte de Santander, poderosas mafias políticas están enquistadas en todas las esferas del poder público. Y están allí con el objetivo de adueñarse del dinero del Estado para su egoísta beneficio personal.

Y lo saben tanto los ciudadanos como los funcionarios de todo el servicio de Justicia, muchos de los cuales pasan la vida esperando denuncias escritas que jamás les llegarán, pero no mueven un dedo en cumplimiento de su función de cuidar que todos los funcionarios actúen honradamente.

En Cúcuta han ocurrido varios casos de corrupción que han dejado en la opinión pública un sentimiento de frustración, pues o la Justicia los descartó, o simplemente en algún despacho los engavetaron hasta que mueran.

Entre estos casos está el muy comentado y ridiculizado de una grabación de audio en la que se escuchan la que en opinión general es la voz del entonces Alcalde de Cúcuta, y la de una subalterna suya, hablando de pagar a concejales para modificar la calificación de ciertos terrenos, a fin de urbanizarlos.

La Justicia se vio impedida de investigar, ante un concepto de Procuraduría que dejó sin valor la grabación, pese a que para los cucuteños no había duda de que las voces eran auténticas.

Pero, desenlace similar han tenido otros casos, muy sonados al comienzo, y luego ni siquiera recordados, por razones que tienen que ver con la acción —o, mejor, la inacción— de las autoridades pertinentes.

Por ejemplo, ¿en qué quedaron los procesos por el banco de maquinaria del departamento, o el embrollo de la Cartilla Barira, o el tremendo lío del Parque Bavaria?

¿Por qué en Bogotá sí puede la Justicia salir avante en casos en los que se juzga a los funcionarios corruptos, y en nuestra región no? ¿Qué les pasa a los funcionarios investigadores y sancionadores de
Cúcuta y Norte de Santander? O, mejor, ¿qué les falta?