Seguimos asistiendo a la ocurrencia de situaciones que requieren decisiones de baja complejidad y mediante las cuales generar beneficios múltiples a las comunidades afectadas por las acciones de la delincuencia.

En concreto se trata de las trochas fronterizas situadas por el Anillo Vial Oriental y en sectores específicos como Boconó y Juan Frío, entre otros, las cuales siguen convertidas en rutas preferidas de las organizaciones criminales.

Entre otras cosas, sirven de ruta para desaparecer o trasladar hacia territorio venezolano los vehículos hurtados en Cúcuta o Villa del Rosario y, ahora, algunas son usadas como lugares de extorsión, delito que continúa siendo un delito en constante aumento en la región.

Al lanzamiento de granadas para intimidar a comerciantes y empresarios con el fin de someterlos al pago de vacunas por parte de bandas criminales, se le agrega la modalidad conocida como los ‘falsos servicios’ en donde los taxistas y sus familias resultan siendo las víctimas de los extorsionistas. 

Al conocer las  autoridades del área metropolitana  de Cúcuta que esos caminos que comunican con Venezuela y que lugares como Los Arrayanes, Los Peracos y la vereda El Pórtico también son usados para montar esa especie de trampa, lo lógico es que por lo menos haya patrullajes o se establezca vigilancia permanente. 

Y que desde el frente de la inteligencia militar y policial mediante el Gaula haya una más rigurosa acción contra aquellos extorsionistas que utilizan esa clase de modalidades para obtener dinero.

Un hecho que debe entenderse es que si  esta clase de hechos persisten, finalmente lo que ocurrirá es que empiece a  hacerse famosa  la frase ‘yo no voy por allá’, que para este tipo de casos sí tendría razón de peso para  negarse, al existir un peligro  evidente. 

Al haber presencia de la Fuerza Pública en esos lugares de riesgo, los taxistas o conductores que sean inducidos a ir hacia allí con el fin de exigirles a sus familiares que paguen por presuntamente liberarlos,  permitirá que cuenten con un respaldo y puedan confirmar que no están desaparecidos.

El otro asunto sobre el cual debe trabajarse con empeño, es desmontar esa especie de ‘oficinas del crimen’ que operan desde varias cárceles del país y en las cuales el ‘falso servicio’ es una de sus estrategias delincuenciales preferidas.

Más que las operaciones relámpago para decomisar los teléfonos celulares en poder de los reclusos que los utilizan bien sea para seguir dirigiendo sus organizaciones criminales o con el fin de exigir gruesas sumas de dinero, lo que tienen que hacerse son inversiones en tecnología para inhibir las señales.

Mientras que persista esa especie de permisividad y de falta de autoridad en la aplicación del régimen carcelario, los aparatos especializados se convierten en los  mejores aliados para cortarles a los condenados la opción de continuar delinquiendo entre rejas.

La ciudadanía nortesantandereana queda a la espera de que haya una acción más contundente de las autoridades policiales y judiciales para atajar la extorsión en sus diferentes formas de actuar, porque esta clase de delito aparte de implicar un fuerte golpe económico para las víctimas, también pone en riesgo su vida e integridad y enturbia aún más el ambiente  de inseguridad.

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