Como una especie de impacto colateral estaría ocurriendo en Cúcuta con los precios de la canasta familiar como consecuencia de la dolarización de facto en Venezuela y su impacto en la economía en esta parte de la frontera.
La apertura del tráfico vehicular les facilitó a los venezolanos cruzar sin dificultad hacia territorio nortesantandereano para hacer sus compras de artículos de primera necesidad que aquí adquieren, bien sea por que sí los consiguen o tienen alguna favorabilidad en el precio.
Para los especialistas económicos, esos nuevos compradores que llegan a los supermercados y establecimientos comerciales del área metropolitana de Cúcuta, vienen a adquirir los productos en dólares.
Para nadie es un secreto que en el vecino país la divisa estadounidense se ha convertido en el medio de pago por excelencia, frente a un bolívar afectado por la devaluación y que sigue teniendo un comportamiento como una moneda con pérdida absoluta de poder adquisitivo.
Ya se ha notado que hasta en las estaciones de servicio hay letreros donde se anuncia que se recibe el billete verde, asunto que a la postre acarrea sus consecuencias sobre la capacidad de compra de la población que habita en los municipios metropolitanos de esta orilla del río Táchira.
Entonces, esa entrada de dólares producto de ese alto consumo de bienes por parte de los clientes llegados del vecino país, a la postre lo que nos deja en la práctica es un ‘elemento inflacionario’ que incide en el índice de precios al consumidor, que sumado a otras variables nacionales y locales conllevará a complicadas situaciones desde el punto de vista de los presupuestos familiares.
Por tal motivo es razonable que así como se hacen análisis y planes locales para tratar de enfrentar la inseguridad, resultaría interesante que nuestras autoridades probaran hacer algo parecido para proteger el bolsillo de la gente, cuestión bien difícil de resolver, toda vez que se abrió la frontera.
Es decir, que se ideara una estrategia con los gremios económicos y los grandes almacenes de cadena, junto con Cenabastos y la Nueva Sexta, por ejemplo, para garantizarles unos precios accesibles a la gente en sus artículos de consumo básico.
Es hablar de la seguridad alimentaria que se puede alcanzar con estrategias y alianzas y planes en los que sean tenidos en cuenta los campesinos y los tenderos, porque es indispensable que la inflación se enfrente con diversidad de posibilidades.
Debemos tener presente que este impuesto regresivo se siente con mayor rigor entre los sectores de bajos recursos, siendo Cúcuta, en enero, la quinta ciudad en el listado inflacionario con el 1,58%, por las alzas en los alimentos, energía eléctrica y el servicio en restaurantes, según el reporte del DANE.
Luego la ciudad tiene que prepararse a capotear el problema y a esperar que se contengan las incidencias nacionales sobre el IPC que no se han podido frenar pese al desestimulo al consumo por parte del Banco de la República con el incremento de las tasas de interés.
Todo lo que se pueda hacer para que los precios bajen de las nubes en esta parte del país es urgente, como lo demuestra el hecho de haber tenido un comportamiento inflacionario interanual de enero 2022-2023 que se situó en el 15,91%, uno de los más altos del país.
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