Escuchar las confesiones públicas de un grupo de exmilitares imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad sobre su actuación en los 120 casos de falsos positivos en el Catatumbo, frente a familiares de los campesinos y jóvenes asesinados, generó sentimientos encontrados que helaron la sangre y arrugaron el corazón pero que abrieron la esperanza de alcanzar la verdad y la restauración para que episodios como esos jamás vuelvan a ocurrir.
Sin duda la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se anota un punto a favor con la audiencia de reconocimiento que tuvo lugar en Ocaña, que es inédita y pasa a la historia como un real elemento de catarsis, y una tribuna desde la cual las víctimas reclamaron porque la verdad sea completa y los victimarios pidieron perdón.
‘¿Quién dio la orden?’, como rezaba en las camisetas negras que llevaban, se convirtió en el pedido de quienes perdieron a sus seres queridos en esta macabra práctica sistemática contra la población civil que les arrebató la vida a 6.402 personas ejecutadas y hechas pasar como guerrilleros muertos en combate.
Para que este triste episodio ni se extienda más en el tiempo ni termine cubierto por el manto de las verdades a medias, estos oficiales y suboficiales retirados que tuvieron la valentía de reconocer el escalofriante suceso, deben ayudar al mismo Ejército diciendo quienes, más arriba en la línea de mando, fueron los responsables.
Así como lo afirmara la magistrada Catalina Díaz de que esta diligencia abre la puerta para que la colombiana sea una mejor sociedad, es indudable que levantar los velos e identificar a todos los responsables por poderosos que sean, permitirá restablecer la confianza plena en la institucionalidad.
Evidentemente que para empezar a cerrar las lacerantes heridas del conflicto armado, la JEP con este mecanismo de aporte a la verdad plena, detallada y exhaustiva le da al país una gran bocanada de oxígeno, porque sin duda que es la mejor forma de alcanzar una sólida reconciliación.
Y para el mundo es un ejemplo el que se le comienza a dar desde Colombia en el manejo del reconocimiento de este tipo de crímenes, con la entereza que lo hicieron los exintegrantes del Ejército que pararon y cara a cara frente a las víctimas y en directo ante la sociedad, admitieron haber actuado en los falsos positivos.
“Asesinamos personas inocentes, campesinos”. “Al interior de la Brigada existía una banda criminal que tenía como único fin incrementar los resultados operacionales”. “Controvertí al general en retiro Mario Montoya, pero fallé al no haber fijado una posición firme frente a las presiones que venían desde el comando de la Segunda División”.
Oír afirmaciones como esas por parte de quienes vistieron el uniforme militar y tuvieron el poder de las armas, era impensable, pero ocurrió, y todo gracias a que la JEP ha desarrollado con diligencia el macrocaso 03 de las ejecuciones extrajudiciales que fueron motivadas por el indicador de bajas en combate como muestra de éxito de las unidades militares.
A las madres, padres, hijos, hermanos y tíos de los civiles inocentes muertos hay que exaltarlos por la lucha que desde hace 14 años han venido librando para que les devuelvan la dignidad de sus familiares y porque su tenacidad permitió que el país conociera que algo tan cruel estaba sucediendo.
‘Desgarrador’, ‘escalofriante’, ‘doloroso’, ‘asombroso’, ‘sorprendente’ y todos los calificativos que se nos ocurran encajan para describir lo sucedido en la audiencia de Ocaña el 26 y 27 de abril de 2022, que ojalá sirva para que los colombianos entendamos, de una vez por todas, que la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte.
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