No parece gratuito el comentario de muchos en el sentido de que Cúcuta tiene la Justicia más corrupta de Colombia.

Y hay muchos botones de muestra, a cual más revelador de cómo se burlan las leyes en los despachos creados para castigar a los ciudadanos que las violan.

Hoy, la vergüenza es por razón de dos honorables magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta: Fernando Castañeda Cantillo y Félix María Galvis Ramírez, miembros de la Sala Laboral.

Fueron suspendidos un año en sus cargos, por solo uno de 959 casos en los que uno o ambos están involucrados con fallos que condenan irregularmente a Ecopetrol a pagar más de 1,3 billones de pesos.

Según la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de la Judicatura, la falta de los magistrados consistió en adicionarle a una sentencia de reintegro de un trabajador, la opción de recibir 1.365 millones de pesos, como reconocimiento de factores salariales
eventualmente dejados de pagar.

Es decir, incumplieron su deber establecido en las leyes según las cuales, cuando un juez cumple funciones constitucionales en el trámite de acciones de tutela, puede condenar en abstracto, sin concretar ningún monto.

Lo que hicieron los magistrados fue alterar y trastrocar la norma, es decir, la corrompieron.

La Judicatura dice que lo hicieron de manera culposa, o sea, sin la intención de extralimitarse en sus funciones.

Desde luego, los principios de la buena fe y de la presunción de inocencia son bases del ordenamiento jurídico colombiano. Pero, que dos jueces con tanta experiencia como tienen, cometan errores elementales, es algo difícil de aceptar, y más, cuando muchos de sus fallos han estado bajo cuestión.

Ambos, como el juez tercero laboral del circuito, Samuel Darío Rodríguez y la exjueza Amparo Disney Mendoza fallaron, en solo dos años, tutelas con las que reconocieron mesadas de pensión a 959 funcionarios y exempleados de Ecopetrol.

Y en ello también aparecen cometiendo errores muy graves, como los que violan una clara orden de la Corte Constitucional que prohíbe reconocer reajustes pensionales mediante acciones de tutela.

Puede ser simple casualidad, pero no deja de llamar la atención el hecho de que Rodríguez haya fallado 904 tutelas en contra de Ecopetrol. Quizás, como dijo la Judicatura en el caso de los magistrados.

Tal vez, como lo admite el Tribunal de la Judicatura en el fallo contra los dos magistrados, los 904 fallos de Rodríguez hayan sido resultado de acciones culposas. Es decir, cometió errores sin que haya mediado intención alguna de producir daño. Pero, además de la presunción de inocencia y del principio de la buena fe, también existe el derecho a dudar, y en este caso, escandaloso, por
demás, nos surgen muchas dudas. Tantas como procesos…

El hecho es que durante ese festival de tutelas, exempleados de Ecopetrol de todo el país, escogieron a Cúcuta para demandar a Ecopetrol, y acá hallaron la respuesta positiva que esperaban, pues al parecer, este grupo de funcionarios manipulaba el sistema de reparto, para que esas demandas de tutela le fueran asignadas a Rodríguez.

Por fortuna, en alguna parte del servicio de Justicia alguien tiene interés en ponerle punto final a estas situaciones aberrantes de Cúcuta mediante las suspensiones en el cargo a dos magistrados, uno de los cuales amenazó, cuchillo en mano, a una mujer de Bucaramanga que por error le ocupó el sitio de estacionamiento. Es la justicia de Cúcuta.