Mantener en su cargo público a un funcionario que ni siquiera cumple con instrucciones elementales, es demostrar irresponsabilidad.

Desde luego, estamos en el sobreano reino del clientelismo y de su ineludible régimen de cuotas burocráticas. Es decir, estamos en la tierra de la corrupción más vergonzosa de país alguno, porque en Colombia —y la experiencia lo enseña—, la corrupción es de la naturaleza de la función pública.

Así que, mantener en el cargo a un funcionario que por su actuar podría ser calificado con los peores adjetivos,  puede ser considerado una consecuencia de servirle de manera obsecuente al clientelismo y a la corrupción.

Este ambiente podría ser la única razón para entender que un gobernador y un encargado de la salud departamental permitan que un subalterno al que le han encomendado un centro clínico desobedezca toda instrucción para ahorrar gastos y en vez de ello los incremente y, además, le dé manejos altamente sospechosos al dinero del Estado.

Es el caso de Luis Fernando Páez Carrascal y el Centro de Rehabilitación CardioNeuromuscular de Norte de Santander, actualmente punto de mira de todos los órganos de control —incluida la fiscalía—, que estudian decenas de acusaciones y denuncias por sus malos manejos.

Pero, ¿habrá al menos una sola averiguación, por ejemplo en la Procuraduría, sobre la conducta de quienes, obligados a manejar con honradez todos los recursos del Estado, le permitieron a Páez actuar como le viniera en gana?

¿Por qué no lo retiraron del cargo cuando no obedeció las instrucciones de reducir los riesgos de quiebra del centro? ¿Por qué no lo emplazaron cuando gastó más allá de lo disponible, que no era mucho? ¿Por qué le permitieron hacer tantas tropelías como le están investigando? ¿Por qué, hasta ahora, no han dicho esta boca es mía en relación con esa persona y lo que hoy se sabe que hizo?

Pueden estar seguros los investigadores de que el día en que se establezca el grado de responsabilidad de los altos funcionarios en el nombramiento o remoción de otros sin el debido celo, tendrán más cuidado con el manejo de la cosa pública.

Cabe cuestionar o pregutarse también, la razón por la que el exgobernador Édgar Díaz ni el exdirector del Instituto Departamental de Salud Javier Prieto Peña emitieron alertas sobre el proceder de Páez.

Si realmente desconocían todo sobre su actuar, queda en evidencia la falta de control que debe llevarse sobre cada una de las instituciones públicas y de ramo de la salud de Norte de Santander.

Y sucedieron —y siguen sucediendo— cosas verdaderamente grotescas, como el caso de Ortopédica Americana. El Centro de Rehabilitación le debe 54 millones de pesos a la firma privada. En septiembre, Páez quiso pagarles 30 millones 794 mil pesos, diciendo que “él no se tomó los 54 millones sino que ocurrió un desvío por culpa del pagador…”

La firma, en gesto que se le reconoce, se negó a recibir el dinero, y sugirió hacer un depósito judicial. Páez lo hizo con la explicación escrita de que lo hacía “obrando en mi buena fe”. ¿Buena fe después de varios meses de negar este y otros pagos, y de que los organismos de control le tuvieran la cola pisada? Curiosa buena fe la de este ciudadano...