Las mismas autoridades tienen claro que los que propician la invasión de tierras son los mismos de siempre. Solo que la ley no da herramientas para enfrentarlos con  contundencia.

Que el 55% de los barrios de Cúcuta hayan nacido como una invasión, deja mucho que decir del esquema bajo el cual se planificó el crecimiento de la ciudad. También, de la forma en la que se ha enfrentado en las últimas dos décadas  un problema, que con el paso del tiempo se ha convertido en un fenómeno desbordado, que ni la policía, ni las autoridades locales ni las empresas de servicios públicos están en capacidad de enfrentar.

Las 52 invasiones que tiene Cúcuta albergan 60 mil personas, una cifra equivalente a la población de Pamplona. Gran parte de sus residentes, son ciudadanos de otras latitudes que han llegado a Cúcuta desplazados, huyendo de la violencia o en busca de un futuro mejor. Según la oficina de Víctimas del municipio, en la última década han llegado  unos 30 mil desplazados a Cúcuta.  Aquí tristemente, encuentran un escenario ideal en el que, además de hacerse a un rancho en la periferia, en materia laboral la informalidad les ofrece un atractivo panorama que hace que se instalen y se queden.

La invasión, como la mayoría de las prácticas ilegales, ha ido evolucionando hasta convertirse en un negocio controlado por verdaderas mafias dedicadas a buscar terrenos ajenos para invadirlos y luego vender pequeñas porciones de tierra a incautos necesitados en atractivas sumas.
   
El engaño termina generando dos víctimas: los legítimos propietarios de los terrenos, quienes terminan involucrados en una pelea jurídica que no tiene fin y que en la mayoría de los casos no concluye con la restitución del predio, y quienes entregan dinero a cambio de tierra sin soporte legal, pues entregan los ahorros de toda su vida a cambio de un terreno que realmente no les pertenece y que, por lo tanto, podrían perder en cualquier momento.

Las mismas autoridades del municipio tienen claro que quienes propician la invasión de tierras son los mismos de siempre. Solo que la ley no les da herramientas para enfrentarlos con  contundencia.

En los últimos 10 meses, según el secretario de Gobierno, Oscar Gerardino, se han frenado numerosos intentos de invasión en distintas zonas de la ciudad, en donde, sorpresivamente, quienes reparten los lotes son las mismas personas.   

Ante esto, es urgente plantear una política que articule autoridades policiales,  de gobierno y judiciales, que además de generar estrategias para fortalecer el control urbano y evitar que se siga haciendo negocio con la tierra ajena,  permita endurecer las penas para quienes ejerzan esta actividad ilegal, que está alcanzando dimensiones realmente preocupantes y que  hoy está bloqueando proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad.

A pesar de que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) establecer que en ciertos sectores no debe haber construcciones, se han generado invasiones que hoy tienen frenado el plan de saneamiento básico de vertimentos  que corresponde al colector de aguas residuales de Rudesindo Soto -Villas de la Paz - Belén de Umbría - quebrada Tonchalá, a cargo de Aguas kpital.

Otro proyecto que podría estar en riesgo es la nueva línea de transmisión de energía que conectará la subestación Belén con La Ínsula, una iniciativa de Centrales Eléctricas para mejorar el servicio y la capacidad del sistema ante cualquier eventualidad. La inversión que está en riesgo alcanza los 25 mil millones de pesos.