El conflicto armado en Norte de Santander sigue degenerando en amenazas contra la gobernabilidad local y la administración de justicia, representado en los casos de éxodo por amenazas al alcalde de La Playa de Belén, Íder Humberto Álvarez García, y de las amenazas contra la jueza primera penal municipal ambulante de Cúcuta, Vivian Polanía. Para ambos, va nuestra solidaridad.

Esta cruda realidad nos muestra que en el Catatumbo, pese a toda la militarización, las organizaciones armadas ilegales en su disputa territorial a sangre y fuego, quieren llevarse por delante la estabilidad en el funcionamiento del poder  municipal, como ocurre en La Playa.

Intimidaciones, extorsiones e, incluso, un atentado terrorista  por parte de los grupos al margen de la ley, ha debido soportar el alcalde de esa localidad, a quien para salvaguardarle la vida y de su familia, fue trasladado a Cúcuta.

Y aquí está lo grave. Imagínense la complicación que el ataque contra la institucionalidad representada en el alcalde de un municipio como La Playa –famoso por Los Estoraques- donde los ciudadanos han estado acostumbrados a tenerlo ahí cerca para lo que requieran,  y ahora tendrán que remitir muchos de sus asuntos a la capital nortesantandereana.

Será de tal magnitud la gravedad de lo ocurrido, que situaciones como estas de ‘trastear al gobernante elegido’ son muy escasas. Para el caso de Norte de Santander, la referencia más  inmediata es de Gramalote, no por violencia sino que luego de su destrucción en 2010, la alcaldía funcionó varios años en la ciudad.

Durante junio y julio, el alcalde Álvarez García permanecerá en la capital del departamento, donde ahora despacha desde una oficina en la Cúpula Chata, mientras los organismos de seguridad del Estado evaluarán las condiciones para el retorno en agosto.

Hay que insistir que estas acciones no pueden ser permitidas porque poco a poco se iría perdiendo la de por sí ya baja confianza en las organismos del Estado. El poder municipal es muy importante en la democracia y no puede permitirse que la intimidación de los fusiles y la violencia le cause severos daños.

E igualmente delicado es lo que acaba de sucederle a la jueza Vivian Polanía, a quien por cumplir  con su misión de administrar justicia y de aplicar los códigos a quienes han sido condenados, ahora desde las sombras de la criminalidad le enviaron advertencias de que será objeto de atentados contra su vida.

Intimidaciones de  esa naturaleza indican que se trata de una valiente jueza que no ha dado su brazo a torcer para llevar a prisión a los responsables de hechos delincuenciales, decretándoles las penas contempladas para cada uno de los casos.

Es lógica la preocupación que ha expresado los miembros del Sistema Penal Acusatorio en la capital de Norte de Santander por estas acciones ilegales e intimidatorias que atentan contra la autonomía judicial.

Ambos hechos resultan siendo perturbadores y constituyen un llamado de atención para los organismos de seguridad del Estado porque son muestras de que la inseguridad, como si fuera un río en temporada de fuerte invierno, tiende a romper los diques y muros de contención para desbordarse e inundarlo todo.

Es tiempo de un gran análisis por parte de las autoridades civiles, militares, policiacas, de la Fiscalía, los jueces, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo sobre estos casos que realmente merecen una atención debida desde el punto de vista evaluativo y de la aplicación de correctivos para prevenir algo peor.

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