No es fácil de comprender, porque, al final de cuentas, una parte del Estado resulta reclamándole a otra y sancionándola por no obedecer mandatos judiciales, que son de inmediato y obligatorio cumplimiento.

Desde luego, a nombre del Estado que cumple actúan unos funcionarios, y a nombre del Estado, también, otros, que incumplen y resultan castigados, pues son ellos, realmente, los responsables de lo que el Estado haga o deje de hacer.

La dificultad para entender viene a partir de la idea de que el Estado es uno solo y que trabaja como una especie de maquinaria perfectamente coordinada, con el fin de brindarles a todos los asociados los mejores niveles posibles de bienestar.

Según ese criterio unitario, no es fácil de concebir que una parte del Estado produzca unos resultados que a la postre contradigan los que genera otra parte de ese organismo en el que la coordinación y la coherencia deben ser esenciales.

Pero los hechos hablan solos.

De manera reiterada, los habitantes de Las Mercedes, un corregimiento algo retirado de Sardinata, han exigido que la Policía se lleve la estación que tiene en el casco urbano del pueblo, porque los expone a peligros graves como bombardeos de algunas guerrillas que actúan en la zona.

Pero, a pesar de mandatos judiciales y de recomendaciones y sugerencias de las altas cortes, ni la Policía ni otra autoridad han respondido a la necesidad de alejar el riesgo contra la población civil, llevándose la estación policial a un lugar en donde no ofrezca riesgo alguno.

El fallo de una tutela ordenó de manera perentoria a la Policía a abandonar la sede y a construir otra en un lugar diferente del casco urbano. El fallo tuvo en cuenta los antecedentes: frecuentes bombardeos y tiroteos contra la sede policial, por parte de guerrilleros. Pero hasta ahora no ha sido posible.

Sin duda, la terquedad y la incomprensión han acompañado a la sistemática negativa de la Policía, del ministerio de Defensa y, en general del Gobierno, a acatar el mandato de organismos judiciales que les han dado la razón a los habitantes.

La actitud de la Policía ha sido criticada con dureza, por cuanto contradice, de manera clara, su obligación legal y constitucional de propiciar el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos.

¿Con qué autoridad pretende la Policía obligar a los ciudadanos a cumplir la ley, si la misma institución armada elude su cumplimiento?, se preguntan con razón los ciudadanos.

Esa parte del Estado, reticente a acatar la legalidad, es, en el caso de Norte de Santander, el objetivo de la Justicia, cansada de esperar a que cumplan con lo que ha ordenado.

Por eso, para garantizar que ahora sí se cumplirá su orden de trasladar la estación de Las Mercedes, el Tribunal Superior de Cúcuta, ordenó capturar al director general de la Policía y a la alcaldesa de Sardinata (o a quienes hagan sus veces) y los sancionó con cuantiosas multas. Y ordenó al gobernador que vigile que las órdenes se cumplan.

De paso, enseñó, nuevamente, que nadie está por encima de la ley.