Es más que una tentación de gobiernos débiles; hoy, es una tendencia que no siempre lleva a donde se quiere. Como herramienta eficaz de lucha contra el crimen, la delación no es tan poderosa, como se piensa, como pueden serlo otros mecanismos institucionales.

Ofrecer dádivas, de ordinario dinero, a cambio de información que permita llegar hasta donde está determinada persona, un delincuente en la mayoría de las veces, es asociado con prácticas usuales y corrientes en el mundo del hampa.

Por esta razón, quizás, no son muy bien vistos los gobiernos que acuden a pagar por lo que es un deber de los ciudadanos: informar a las autoridades sobre todo lo que parezca sospechoso, inusual…

Primero, porque saben que por una o varias razones, su sistema de Justicia no funciona, y segundo, porque están convencidos de que es un chiste todo su aparato de inteligencia e investigación.

O ¿por qué otra razón tiene un Estado qué pagar para saber quién y cómo delinque? Y ¿qué hacer cuando la delación paga deja de ser eficaz?

En el caso de Colombia, no es ni secreto ni atrevimiento, la Policía y otros entes investigadores están infiltrados por organizaciones delictivas de toda clase, y la Justicia, tampoco es nuevo, no es justa. El reino de la impunidad en el que el país vive tiene su origen en la falta de Justicia.

Así, a los corruptos, por ejemplo, no los investigan como se debe hacer; y si de casualidad alguien lo hace y los lleva ante la Justicia, pierde el tiempo, porque es muy alta la posibilidad de que la impunidad triunfe. Ese no es el Estado de Justicia que se necesita.

Por eso, la propuesta del presidente Juan Manuel Santos en Londres, en la cumbre global contra la corrupción, de combatir este flagelo delictivo mediante el intercambio de información entre estados, está bien encaminada, pero tiene pies deleznables. ¿Se gana algo con tener información venida de otro gobierno sobre nuestros corruptos, si la Justicia colombiana no los va a tocar? Nada se ganará.

Los mecanismos legales y jurídicos para castigar a ciertos delincuentes son en Colombia ineficaces, en especial cuando los reos se mueven en sectores sociales de alto nivel y tienen amistades y relaciones con los mismos jueces que se supone los juzgarán.

Cada vez es más frecuente que en los escándalos por corrupción aparezcan, así sea de manera muy marginal, nombres y apellidos coincidentes con otros de las más altas cortes de Justicia, relacionados de modo estrecho con los acusados.

El más reciente ejemplo es ilustrativo: el senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático (CD), será el instructor en la comisión que analizará el caso del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, acusado de pedirle dinero a un colega suyo a cambio de un fallo favorable a una petrolera.

La desconfianza general radica en el hecho de que hay una identidad clara en lo ideológico entre Pretelt y Gaviria, y un sentimiento de rechazo y oposición del CD hacia la Fiscalía, que dice no tener duda de que el hecho delictivo ocurrió.

Algunos corruptos de las grandes ligas, que se han hecho multimillonarios con los contratos del Estado y las complicidades de altos funcionarios, están en el extranjero, en países que coinciden con Colombia en la necesidad de intercambiar información para combatirlos, no solo los toleran en su territorio sino que hasta les otorgan facilidades para que residan legalmente allí.

Significa que no solo basta con intercambiar información, sino acordar los mecanismos para que, aquí o allá o donde sea, los delincuentes de alcurnia vayan, con la delicadeza de “sus huesitos y sus carnitas”, a la cárcel.

De lo contrario, la idea de Santos, y cualquiera otra similar, quedarán en lo que se teme: saludos a la bandera.