Tres años seguidos dentro de la lista de las ciudades más violentas del mundo significa, ni más ni menos, que en Cúcuta y otros municipios metropolitanos, todo ha fallado en materia de seguridad ciudadana.
Aparecer durante 2019, 2020 y 2021 en aquel escalafón que tiene como fundamento la tasa anual de homicidios es algo que no debe de ser echado en saco roto por las autoridades nacionales ni locales.
Para que nos hagamos una idea de la peligrosidad que la ciudad esconde en sus esquinas, calles y barrios para los habitantes y visitantes, resulta que no es ningún triunfo ‘moral’ estar en el puesto 46, porque debajo de nosotros hay dos grandes orbes.
Con una población de 999.258, según ese estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, la capital nortesantandereana es, proporcionalmente, más violenta que Guadalajara (México) con cinco millones de habitantes y Johannesburgo (capital financiera de Sudáfrica) con seis millones.
Si una organización independiente y reconocida internacionalmente elabora dicha medición y sitúa de mayor a menor las estadísticas de asesinatos, dicha información hay que utilizarla para la adopción de las medidas que se requieran, desde distintos frente, para combatir ese mal endémico.
Los cucuteños han tomado este ranquin como la confirmación de lo que estadistas y analistas venían advirtiendo en encuestas y mediciones, que ya no es solo una disparada percepción de inseguridad en Cúcuta y en localidades como Villa del Rosario, sino que el temor es cada vez más creciente entre los residentes en esta parte del país.
Luego la ciudadanía está esperando más que declaraciones y reacciones, acciones reales y contundentes, porque de nada valen las afirmaciones y consideraciones oficiales, que en últimas distan mucho de lo que realmente ocurre en la vida diaria.
¿Dónde están los alcaldes metropolitanos procurando adoptar una gran política pública concertada con el Gobierno Nacional? Solo se han dedicado a hablar, pero de ahí no han pasado.
¿Será que no se han dado cuenta que oleada violenta que padece la región obedece a la influencia y reflejo directo e impactante del conflicto armado y el narcotráfico que no ha cesado en una región como el Catatumbo?
¿Será que no han entendido que toda esta amalgama violenta se nutre también de la incontrolable ola de inseguridad provocada por el crimen organizado que se apoderó de la zona de frontera con Venezuela?
Así que esto no se arregla mediante otro consejo de seguridad, porque ya se ha visto que vienen los ministros o viceministros y los altos mandos militares, que después dan una rueda de prensa, y se van y todo continúa igual o peor, como lamentablemente está demostrado.
En cambio lo que debería ocurrir es que se revise de manera urgente todo lo hecho desde el punto de vista de la operatividad militar y policial, en las acciones sociales y económicas y hasta en el aspecto de la política exterior, porque aquí se está padeciendo el impacto de la ineficacia e ineficiencia de todas esas acciones que en la práctica muestran indicadores fallidos, medidos por entidades internacionales como la que hace este ranquin de las 50 ciudades más violentas del mundo.
Así que la Policía, el Ejército, las alcaldías, la Gobernación y la Presidencia de la República y sus ministerios deben entender que tienen que construir una política que entienda les realidades propias de esta área del país, donde confluyen todas las guerrillas, las bandas criminales, los carteles mexicanos de la droga y hasta peligrosas organizaciones delincuenciales venezolanas.
