La respuesta del Estado ante la avalancha del 31 de mayo de 2023 en El Tarrita, Norte de Santander, ha sido insuficiente y tardía. La falta de una acción oportuna y efectiva para atender y resolver la emergencia llevó a la comunidad a manifestarse en justa protesta.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) se encuentra en el centro de la controversia debido a la corrupción que la aqueja.

Mientras se destinaban miles de millones a negocios turbios, no se actuó con diligencia para asistir a los damnificados en el Catatumbo.

La comunidad se pregunta por qué el subsidio provisional de arriendos llegó tarde y por qué, después de doce meses, no se han comprado los predios necesarios para reubicar a las familias afectadas por el deslave.

Estas preguntas requieren respuestas claras y fundamentadas de la UNGRD, que debe explicar por qué el caso de El Tarrita ha recibido un tratamiento de tercera categoría.

El Gobierno Nacional también ha fallado. Los puentes metálicos provisionales no son una solución adecuada para la movilidad en la carretera Cúcuta-Ocaña, vital para el transporte de mercancías hacia la costa Caribe. La comunidad tiene razón en reclamar, especialmente cuando se acerca el primer aniversario del deslave que causó tanta destrucción y cerró la carretera por varios meses.

La UNGRD debe prestar atención al documento de los manifestantes que advierte sobre el represamiento de lodo en el sector del Molino, un riesgo persistente para la zona.

La región merece un tratamiento digno por parte de las entidades nacionales, con inversiones y planes gubernamentales que solucionen las dificultades.

Es inaceptable que hasta ahora se esté iniciando el procedimiento para contratar los estudios y diseños de una vía alterna que evite futuros desastres. Los ministros y funcionarios nacionales que visiten la zona deben traer medidas concretas, partidas presupuestales asignadas y las escrituras de los predios donde las familias puedan rehacer sus vidas y recuperar sus proyectos productivos agropecuarios perdidos hace un año, mientras que los niños y adolescentes vuelven a tener sus escuelas.

Además, es el momento para que Norte de Santander exija al presidente Gustavo Petro una megainversión para transformar la carretera Cúcuta-Ocaña en una vía de quinta generación, dada su importancia estratégica para el país.

Invertir en una obra pública como esa, que requiere ser tratada como la carretera Cúcuta-Pamplona que se transformó en doble calzada con tres túneles, grandes puentes y vías alternas,  es una manera de ayudar a impulsar la economía, fevorecer el intercambio comercial y lograr mejores niveles de competividad, productividad y generación de empleo en la región.

Pero mientras tanto debemos quedarnos con la queja escuchada en el primer día de la manifestación que cerró el paso vehicular, donde la comunidad reaccionó señalando directamente a l presidente Petro, porque el sentir general es que al jefe de Estado le ha faltado voluntad para que en El Tarrita se solucionen adecuadamente todos los problemas surgidos desde la catástrofe natural de hace un año.

Y otro dato que debe mantenerse vigente, es que por los 139 días que se mantuvo cerrado el tránsito automotor por la vía Cúcuta-Ocaña se contabilizaron pérdidas por $85.000 millones en diversos sectores económicos.

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