Es un secreto insondable, de esos que ni las mismas autoridades de control se atreven a develar.

Porque ni Procuraduría ni Contraloría ni Fiscalía ni nadie hace el mínimo esfuerzo por establecer, sin lugar a la menor duda, cuántos taxis legales hay en el Área Metropolitana de Cúcuta.

Ese es un tema tabú, del que no se habla ni siquiera en voz baja o sobre el que se miente sin rubor o en torno del cual se sale del paso con cualquier cifra en el caso en que los periodistas pregunten.

Todos —el Área Metropolitana, las alcaldías, los transportadores— afirman estar alertas y preocupados por el incremento injustificado —y, obvio, ilegal— de estos vehículos, en especial en los últimos tres años.

Pero nadie da el paso definitivo en busca de establecer una cifra cierta, y la responsabilidad de los 2.163 taxis nuevos que están rodando sin que se sepa la razón de por qué, por ejemplo, en San Cayetano, que se recorre a pie en menos de 10 minutos, hay 119 resoluciones de taxis nuevos en espera, de 126 censadas, con 19 tarjetas de operación entregadas.

Cuando todos los taxis operen allí, los habitantes tendrán a su disposición cuatro por cuadra. De esa gravedad es el problema, de esa magnitud es el secreto.

¿Cuál es, realmente, el interés en ocultar los resultados de un censo que no se sabe si estuvo bien elaborado o si se efectuó a cabalidad o si en efecto, se realizó?

Que hay 2.163 taxis más, sin razones que los justifiquen, debe ser el motivo de mayor preocupación para las autoridades, incluidas las del Área Metropolitana, que ya lo sabe pero nada hace para establecer lo ocurrido.

Quizás la verdad comience a aparecer cuando alguien investigue, una a una, las últimas administraciones locales, incluida la actual, de cada municipio del Área Metropolitana. Así, se podrá tener certeza de a quien responsabilizar, por ejemplo, de los 1.211 nuevos taxis otorgados en Villa del Rosario.

Ojalá el investigador hurgue donde sea necesario, hasta hallar los documentos perdidos en los que supuestamente se sustentan esas licencias. Si es que esos documentos existen.

Porque, hace algunos días, el secretario de Tránsito, José Luis Duarte, dijo que en materia de documentación sobre los citados taxis, “de la administración anterior no dejaron nada”. Pero tampoco ha dicho Duarte ante qué funcionario denunció esta grave irregularidad…

Por otra parte, en diferentes oportunidades, el Área Metropolitana ha dado cifras diferentes sobre la cantidad de taxis, y nunca han sido definitivas, porque, dicen sus funcionarios, no hay información de los municipios.

Ojalá algún día se pueda saber con exactitud de cuántas licencias vigentes hay y con qué argumentos y estudios están respaldadas. Así se podrá conocer la cantidad de vehículos que sobran, y qué tipo de sanciones aplicará a los responsables de otorgarlas por fuera de los caminos legales.

Pero, para eso, es necesario que lo que tiene que ver con los taxis de Cúcuta deje de ser un misterio, como hasta ahora. Al fin y al cabo, quienes deben hacer claridad son los funcionarios públicos, es decir, empleados de los contribuyentes, y a ellos deben rendirles cuentas. A Nadie más.