El río Catatumbo, por incidencia del conflicto armado, lleva una dolorosa y pesada carga en sus caudalosas aguas y, además, ha sufrido del impacto de la contaminación ocasionada por la voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Pero es Maritza Pérez Amaya, integrante de la Asociación de Víctimas de Despojo de Tierras y desplazados de Ocaña, quien hace la mejor descripción del emblemático cuerpo de agua en medio de la violencia: “es el cementerio acuático más grande de Colombia”. 

Esta afirmación, directa y contundente, nos recuerda que tanto la guerrilla como los paramilitares y otras organizaciones que han desatado masacres, ajusticiamientos y desapariciones en sus acciones para apoderarse de la subregión, terminaron siempre utilizando el cauce del Catatumbo para arrojar a los muertos y así tratar de ocultar en parte su oprobiosa  operación de dominación mediante el terror y la muerte.

Esto lleva a reflexionar que los ríos están siempre unidos a la vida, la prosperidad, la biodiversidad y el desarrollo, luego también merecen ser protegidos de toda esa clase de maniobras degradantes por quienes persisten en esa alianza perversa entre las armas y el narcotráfico.

Tristemente, no hay cifras verificables sobre la cantidad de cadáveres y de restos mortales lanzados por los violentos a este  “cementerio acuático más grande de Colombia”. 

El río Catatumbo nace en el cerro Jurisdicciones en Ábrego y desemboca en el Lago de Maracaibo (Venezuela) y tiene una  extensión de 450 kilómetros.

Recordemos también que por largo tiempo sus aguas fueron cubiertas por la mancha del petróleo derramado luego de los ataques al tubo, degenerando en golpe ambiental, ecológico y de degradación del ecosistema a raíz de los daños provocados por el crudo.

Podemos decir, entonces, que el río al igual que los habitantes de esa subregión de Norte de Santander, ha padecido el martirio de una violencia que niega a irse.

Todo lo que se haga e intente por esta zona siempre será relevante porque la idea es que haya una permanente exposición y análisis de lo que está sucediendo y así insistir en resultados y soluciones.

Ahora se encuentra sobre la mesa una petición ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de declarar a la cuenca del río Catatumbo y sus afluentes como sujetos de derechos y víctimas en el marco del conflicto armado.

Esto es algo que encaja con lo expuesto al comienzo sobre cómo décadas de un recurrente conflicto armado que se ha ido reciclando y cambiando afectó de tal manera a esta rica región nortesantandereana, que hasta el inmenso río que la baña terminó siendo damnificado.

El propósito es buscar proteger el ecosistema del río y otorgar el derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración por parte del Estado y las comunidades asentadas en sus riberas.

Va a resultar interesante lo que suceda con esta petición en la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, puesto que la deliberación permitirá conocer qué opciones adoptará en este aspecto la justicia restaurativa vigente en Colombia.

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