Es probable que ahora que la denuncia la hace un organismo internacional el Gobierno del presidente Santos se dé por enterado de que la situación política y de orden público en regiones como nuestro Catatumbo está subiendo de color.

En reiteradas oportunidades, voceros de la iglesia católica, del liderazgo campesino, autoridades locales —en voz baja, estas últimas, para no incomodar a otras autoridades—, organizaciones cívicas y medios de comunicación han lanzado alerta tras alerta sobre el reacomodo de los grupos ilegales en la región y, obvio, la continuación de las prácticas de siempre por los grupos de siempre.

Pero ninguno de los mensajes ha logrado penetrar el muy estrecho círculo en el que mantienen al presidente sus ministros y consejeros más interesados en el proceso de paz con las Farc y todas sus consecuencias.

Inquieta, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA), entregó un informe a la Secretaría General del organismo hemisférico, en el que señala que los espacios dejados hasta ahora por las Farc están siendo copados por otras organizaciones ilegales como el Eln y las bandas criminales (bacrim) y que hasta enero seguían las extorsiones de las Farc.

Es posible que esto último haya cesado, pero a los campesinos se les sigue presionando paras que asistan a reuniones en las que se imponen obligaciones económicas y políticas y que generan cada vez mayor pesimismo en torno de lo que significa para ellos el desescalamiento de la guerra.

Hay situaciones críticas como la de El Tarra, donde recientemente hubo señales de que un nuevo grupo clandestino de ultraderecha se está organizando. El secuestro de dos muchachos a los que dejaron libres por presión del pueblo fue para convencerlos de que se enrolaran en las filas de ese grupo antisubversivo y patriota, como les explicaron.

En La Gabarra, donde está desaparecido el líder campesino Henry Pérez, los ciudadanos tienen temor de que nuevamente aparezcan por sus calles las hordas paramilitares que alguna vez sumieron a ese pueblo en la noche de terror. Al parecer, algunas señales lo indican así…

En el Catatumbo, la inquietud crece en la medida en que parece no haber respuesta del Estado. El Eln está en un plan de afianzamiento y expansión de su territorio, que lo ha llevado a copar muchos espacios dejados por las Farc, algo que, en concepto de analistas, no se da sin el consentimiento del grupo que está en La Habana hablando de paz.

“Estas zonas se caracterizan por ser corredores estratégicos de movilidad y de gran potencial para el desarrollo de actividades económicas ilegales, lo que ha generado algunos enfrentamientos entre el Eln y las bandas”, dice la Mapp-OEA en el informe a la Secretaría General.

Y, para peor, agrega que hay estructuras armadas que pese a no ser reconocidas por el gobierno como bacrim, “están directamente asociadas por las comunidades con el fenómeno posdesmovilización, pues son instrumentalizadas por estas o desarrollan las mismas actividades ilegales”.

Y para rematar, la OEA asegura que hay un serio riesgo para el éxito de la estrategia de paz del gobierno, con las amenazas crecientes y ataques contra víctimas, defensores de derechos humanos y desmovilizados.

Y, en Bogotá, como si nada.