En un tiempo fueron los obreros ferroviarios. Luego, los maestros. Hoy, los camioneros han hecho del cese de actividades, antes que un mecanismo de lucha gremial, un evento anual que le trae a Colombia más problemas que beneficios.

El primer paro ocurrió en 1996, cuando un grupo de camioneros decidió, por encima del gobierno, inmovilizar sus vehículos en Buenaventura, en protesta porque, según decían entonces, algunas empresas de carga los discriminaban.

Desde entonces, puntuales, los camioneros anuncian que irán al paro, casi siempre con los mismos argumentos, y en pocas horas el país comienza a sentir que se paraliza lenta, pero inexorablemente, mientras negociadores del Gobierno desempolvan los archivos donde están los apuntes tomados en el paro anterior.

Veinte años atrás, en sus peticiones, la Asociación de Transportadores de Colombia incluyó en su pliego de exigencias una sobre revisión de los fletes y los costos de la llamada canasta camionera. Desde entonces, esta petición figura, sin excepción, en los puntos de negociación de cada paro.

Esta vez, el paro que comenzó el 7 de junio, lo dirige Dignidad Camionera, un nombre a tono con la moda, y además de fletes y costos, incluye puntos como precios de combustibles, peajes y chatarrización o renovación de equipos.

Al final, luego de varias reuniones, incluidas algunas frustradas, hay acuerdo y el paro se acaba. Pero las secuelas, que afectan a los colombianos rasos, en especial a los de los estratos populares, se hacen permanentes.

Como ahora, con el índice de inflación, que ya llegó al 8 por ciento, debido a la inmovilidad de las mercancías. Los alimentos básicos no pueden ser enviados a los centros de consumo, porque no hay transporte, y eso dispara los precios que, ya es costumbre, no vuelven al nivel que tenían.

El comercio interno y las exportaciones se paralizan, las regiones sufren desabastecimiento y se inmovilizan de manera drástica y el transporte en general sufre grave traumatismo, y lo peor es que esas consecuencias son generadas por una serie de conductas antisociales que, de ordinario, se quedan sin castigo.

Se supone que el transporte es un servicio público, razón por la cual no se le puede afectar con paros como los de cada año.

¿Qué tiene que ver el pueblo con el hecho de que en algún momento se haya permitido la importación descontrolada de camiones, como para que lo castiguen los camioneros de manera inmisericorde? Que sepamos, nada…

Quizás Édgar Higuera, de la Andi, tenga razón al afirmar que el problema obedece “a varios factores: uno, a la falta de terminar la infraestructura origen-destino y el otro a que en Colombia no hay un sistema de transporte intermodal”. Pero, ¿por qué, esa situación se la cobran al pueblo, obligándolo a pagar más por todo, a racionar su dieta, a inmovilizarse?

Es una situación paradójica: pequeños sectores sociales le generan al resto de la sociedad toda clase de problemas, y al final, la gente que nada tiene que ver y que ha sufrido los inconvenientes, es la que termina sancionada por la acción de unos pocos y la desidia del gobierno.

¿Por qué?