Ya sabemos que Norte de Santander se encuentra entre las regiones más críticas por hacinamiento tanto en la cárcel como en las celdas-prisión de las estaciones de Policía. Las situaciones y los hechos hablan por sí solos. 

Todo esto obedece a que en Colombia  el sistema penitenciario se encuentra ‘tras las rejas’ afectado por una serie de problemas estructurales que incluyen la superpoblación, las deficiencias en la infraestructura y una gestión inadecuada.

Desgranando esta serie de inconvenientes se advierte que aunque los penales en el país solamente tienen capacidad para albergar en sus celdas a 81.139 presos, en la actualidad el número de internos ya se encuentra en 104.395.

Su reflejo en la región es igualmente preocupante porque las mismas cifras del  Ministerio de Justicia señalan que  hasta el 15 de septiembre en Norte de Santander  se contabilizaban 4.151 presidiarios, que corresponden al 4 por ciento de la  población reclusa total del país, con un índice de hacinamiento del 31,6%.

Pero esos datos esconden algo peor y es que en esta zona del país el desbordamiento de la capacidad instalada para albergar a los reclusos está por encima, en tres puntos, de la media nacional. Eso quiere decir que literalmente nos encontramos en una verdadera emergencia para la cual no se advierten medidas de solución por parte del Gobierno nacional.

Como ha venido sucediendo con otros inconvenientes, prácticamente hay un sobrediagnóstico en torno a  la crisis carcelaria, razón más que suficiente para que ahora se produzcan las medidas que permitan empezar a solucionar la inquietante situación en las prisiones colombianas.

Desde muchos sectores se han hecho llamados y reclamos, como por ejemplo Asocapitales que planteó su compromiso  con la formulación y promoción de iniciativas legislativas y técnicas orientadas a transformar estructuralmente el sistema penitenciario y carcelario, con un enfoque en la gestión del riesgo, sostenibilidad fiscal, resocialización y reintegración social.

Para la deliberación también se encuentra lo advertido por la Contraloría General de la República sobre la inexistencia de  programas de resocialización que cubran la totalidad de las personas privadas de la libertad en las 127 cárceles del país.

Del recurso destinado a la administración del sistema carcelario, tan solo el 2% se destina a las acciones de reintegración, así mismo la tasa de reincidencia de los capturados ha superado el 20%, es la notificación que sobre estas dificultades, planteó la entidad de control fiscal.

Sabiendo toda esta sucesión de problemas no resueltos, llama la atención que no haya una política pública para conjurarlos, sino que se continúen aplicando soluciones a medias, más parecidas a acciones ‘apagafuegos’ sin ningún andamiaje estructural.

Ni las estaciones ni los CAI de Policía pueden seguir albergando detenidos en masa, pero al mismo tienen que mitigarse todos los males comentados y las falla señaladas que en últimas  terminan convirtiendo a los establecimientos de reclusión en centros del crimen, al tiempo que es necesario no descartar las acciones de prevención del delito en el país.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .