La Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Sijin, los jueces y la Alcaldía le deben dar una respuesta contundente al desafío de las bandas criminales colombo- venezolanas que violentamente están sometiendo a Cúcuta a la extorsión, el microtráfico, los homicidios y los asaltos por doquier.

Los AK47, banda que ha copiado a organizaciones delincuenciales salvadoreñas de tatuarse para identificarse entre ellos y generar pánico entre la población, deben ser desarticulados y enviados a prisión.

Sorprende y causa zozobra saber que un delincuente extranjero identificado con el alias de Saúl y señalado de perpetrar una masacre en el barrio Pueblo Nuevo, el año pasado siga haciendo de las suyas en la ciudad sin que el imperio de la ley lo alcance.

¿Cómo así que la banda de Saúl fue la que cometió el ataque con granada contra un negocio cerca de la Terminal de Transportes que dejó 15 heridos? ¿Por qué si tiene circular azul de la Interpol por homicidio y orden de captura por el asesinato de cuatro personas en agosto de 2022, siguen tan campantes?

Al ir desmenuzando más detalles hay otro que confirma la sangre fría y el desprecio a la vida, es que el artefacto explosivo fue lanzado en plena hora pico, cuando la gente regresaba a casa en busetas, taxis y vehículos particulares y había numerosos peatones.

Frente a este caso que desborda la de por sí llena copa de la inseguridad que ya no es de percepción sino que está ahí a la salida del trabajo o del estudio, los cucuteños exigen desmantelar esa banda y llevar a la cárcel a su cabecilla.

Si el citado delincuente se intenta escapar o ya se fugó para su país por la frontera, es el momento que se active la cooperación policial con Venezuela para que este individuo que controla el expendio de estupefacientes en el centro de la capital nortesantandereana no se logre  escabullir.

Con este dramático hecho sobre el tablero, llegó la hora de cambiar las jugadas porque la dura realidad dice que hay  fallas protuberantes para garantizar la seguridad ciudadana que está haciendo agua, en una espiral de sucesos que ratifican por qué ha estado desde 2019 en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo.

Si los encargados de garantizar el derecho a la vida de los cucuteños conocen el accionar de la criminalidad, sus zonas, alianzas y complot para hacer de las suyas, porqué pareciera que no hay una mayor contundencia operativa y de Inteligencia para golpear sus estructuras y luego evitar que sigan delinquiendo desde las cárceles, que es otro de los elementos que afectan a la región y al país.

¿Qué hace falta? ¿Se necesita más pie de fuerza? ¿Por qué no hay patrullajes no intermitentes sino permanentes de presencia y control en la zona urbana de Cúcuta? ¿Ahora que ya tenemos relaciones con Venezuela se restableció el intercambio de información judicial y policial? ¿Para cuándo los estrictos controles a los que tienen prisión domiciliaria con el fin de que no continúen delinquiendo? ¿Hay desmotivación en la Fuerza Pública?

La cuestión de la seguridad es un asunto de primer orden y los habitantes de Cúcuta y del área metropolitana reclaman más acción producto de un plan estructural y menos reacción coyuntural apagafuegos, porque de lo contrario el hampa se seguirá multiplicando y fortaleciendo.

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