La norma del debate político de hoy, según la cual lo importante no es la verdad, sino ganar la discusión, está haciendo carrera en los escenarios donde las regiones tienen escasísimas ocasiones de referirse a la administración del Estado.
En esto radica el disgusto del viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, en oportunidad del consejo de seguridad del martes. Solo una voz se levantó para decir, con mesura y consideración, que las cosas no son como parecen ser.
Pero esa voz disonante, en medio del apabullante unanimismo de todos los demás asistentes, fue suficiente para que el viceministro dejara notar su molestia: le incomodó que el procurador regional, Juan Carlos Bautista, dejara sin piso todo el parte de tranquilidad que ofrecieron militares y policías.
Pasó menos de un día, y demoledora, incontrovertible, la verdad se impuso en forma de dos hechos violentos terribles: una poderosa explosión dinamitera y el robo de una ambulancia que luego apareció llena de explosivos bloqueando una carretera, dejaron 19 heridos, casas semidestruidas, una región conmocionada y un ambiente de zozobra creciente.
Esa verdad fue la que el procurador expuso y con la que disgustó: en Norte de Santander no se hace un control serio y contundente de la seguridad, es decir, el Estado no cumple con obligaciones básicas, y sus administradores en la región parecen vivir en una dimensión paradisíaca, una Jauja de tranquilidad y de paz.
Es probable que el procurador Bautista no esté muy empapado de todos los eufemismos con los que se debe hablar ante el poder central, pero, en verdad, lo preferimos como habló ante el consejo de seguridad: llamando a las cosas por su real nombre, con la verdad, aunque no le haya servido para ganar la discusión.
Total, los hechos violentos lo respaldaron —lo han respaldado y lo seguirán haciendo— y le otorgaron la razón, quizás para mayor disgusto del viceministro, y para molestia de todas las demás autoridades del departamento, que hacen todo un coro de silencio y, en cierto modo, de complicidad.
Norte de Santander —en realidad, toda la región fronteriza con Venezuela— sigue en guerra, aunque los tiros no se alcancen a oír en Bogotá —parece que tampoco aquí por los lados de la Gobernación y la Alcaldía—, como tampoco se escucha la protesta ciudadana en relación con el increíblemente caótico manejo de la frontera, que solo ha dejado males: desabastecimiento que ya se percibe, criminalidad, mucha criminalidad, invasión masiva de indeseables, prostitución, desplazamiento de mano de obra colombiana y unos índices de informalidad que causan espanto.
Crecerá el disgusto del viceministro y de quienes le dan informes reñidos con la realidad, pero no es necesario decir que en este caso el procurador Bautista tiene la razón: la dinamita y las consignas subversivas se la dieron.
Ojalá todos ellos se tomaran los 10 segundos que se requieren para leer lo siguiente: Norte de Santander necesita ya políticas estructurales en materia de seguridad, de control migratorio y de inversión social. Y funcionarios que sí sean capaces de llevarlas a cabo.
