Desde el asesinato del precandidato y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, la seguridad de quienes participarán como aspirantes en las elecciones de Congreso y de Presidencia, el año entrante, se volvió en un objetivo fundamental.

Pero empiezan a advertirse situaciones que afectan los planes que en ese sentido tiene que emprender el propio Estado, en desarrollo de las garantías constitucionales para elegir y ser elegidos, entre las que se encuentra el déficit de vehículos blindados.

Sin embargo, cuando en un país hay que  contar con un gran parque automotor dotado de poderoso sistema para contrarrestar los impactos de las balas y las bombas,  es una mala señal que indica la gravedad de los riesgos que corre la vida en medio de la violencia.

Leer que la Unidad Nacional de Protección (UNP) abrió una licitación para la búsqueda de carros y camionetas de esas características especiales, pero que no ha podido conseguir oferentes con las capacidades logísticas y técnicas para atender los  requerimientos, significa también que estamos ante una situación real de emergencia producto de la situación de orden público del país.

Cuando la propia entidad habla de una ‘avalancha’ de solicitudes de automotores con blindaje para los esquemas de seguridad de los precandidatos presidenciales, nos conduce hacia el recuerdo de que esta campaña va a tener serias complicaciones por la inseguridad en campos y ciudades.

Esperemos que la UNP logre superar ese inconveniente acudiendo, incluso, como lo anunció, al apoyo de países vecinos para la  consecución, mediante el proceso de transacción, de los autos blindados que se requieren para que los aspirantes al Legislativo y a la Presidencia, puedan movilizarse con la protección adecuada.  

Estar frente a estas dificultades logísticas es una comprobación de que persisten los nubarrones sobre las actividades proselitistas y que la Fuerza Pública y las entidades de seguridad deberán emplearse a fondo para impedir que los violentos con sus acciones criminales empañen las elecciones de 2026.

Le corresponde al Gobierno nacional disponer todas las medidas necesarias y  facilitar la logística que se requiera para que tanto el desarrollo del debate en la plaza pública y en los territorios se pueda cumplir sin peligro extremo y que el día de los comicios de congresistas y presidente transcurran en completa calma.

Eso es lo que han venido reclamando los partidos políticos y los participantes en la contienda a quienes preocupa que el conflicto armado y la inseguridad ciudadana que hoy afectan al país terminen pasándole factura a las elecciones llevando a poner en riesgo su normal desarrollo en las fechas previstas el año entrante.

En este momento resulta muy importante lo expuesto por la Contraloría, la Registraduría y la Procuraduría: las elecciones de 2026 deben celebrarse con seguridad, transparencia y sin manipulación política de los informes institucionales, como condición indispensable para preservar la confianza ciudadana en la democracia.

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