Volvió a sonar el nombre del Catatumbo por dos hechos igualmente riesgosos. Uno, sobre el amenazante intento de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de ingresar a esa subregión de Norte de Santander y dos, el hecho discriminatorio contra familias de esta zona reubicadas en otro departamento.

Hay el espejo de la guerra del Eln y la disidencia de las Farc sobre la cual se había alertado y advertido, pero al final no se hizo nada y estalló un conflicto  que dejó por lo menos 135 homicidios y 68.347 desplazados.

El Catatumbo no merece más martirio, y eso lo deben tener muy claro el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quienes están en la obligación constitucional de proteger la vida de los catatumberos evitando otro baño de sangre y nuevos hostigamientos contra la población civil.

El Catatumbo no se puede considerar un trofeo de guerra ni un territorio para que las organizaciones armadas al margen de la ley lleguen a convertirlo en campo de batalla donde impongan el miedo y el control social y político sobre la población.

 Gravísimo sería que esa organización paramilitar que opera en Atlántico, Cesar, La Guajira y Santa Marta entre a Norte de Santander. El fragor de las bombas y de los fusiles no puede eternizarse en nuestro departamento.

¿Qué plan tienen las Fuerzas Militares para evitar que un nuevo factor de violencia y muerte se aposente aquí? ¿Qué se ha hecho para que el grupo paramilitar de la Sierra Nevada muevan combatientes hacia  Norte de Santander?  Y una pregunta que sigue gravitando ¿Cómo prueban que el Catatumbo se ha recuperado en un 70% o 72%  cuando lo que está ocurriendo son hechos contrarios?

Además, no olvidemos que también la disidencia de las Farc ha trasladado desde el sur de Bolívar a integrantes del frente 37 que hace parte del Bloque Magdalena Medio, generando nuevos peligros para los pobladores, quienes han tenido un 2025 extremadamente violento.

Y si a este dramático cuadro le sumamos las afirmaciones desobligantes de un diputado del Tolima contra 92 personas desplazadas por el conflicto armado y la crisis humanitaria, quienes se asentaron en un municipio tolimense, advertimos un hecho más delicado,  como es la estigmatización sin pruebas por el hecho de provenir de determinada región del país.

Esos señalamientos  sin pruebas contra las víctimas representan un alto riesgo para su vida e integridad física.

Por lo tanto, ni lo uno ni lo otro es posible que se siga presentando, porque una guerra sin fin no es la opción para una zona del departamento  en la cual los grupos violentos de diferentes denominaciones y el narcotráfico han tenido una fuerte influencia, la cual tiene que ser cortada definitivamente.

Si la nueva organización criminal que está intentado o ingresar lo hace y comienza su danza de muerte y persecución contra los catatumberos, sin duda que este hecho marcará un gran fracaso en la política de seguridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro y un desgaste absoluto de la ‘Paz Total’ pues con esa autodefensa de la Sierra Nevada hubo un fallido proceso de diálogos exploratorios.

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