La utilización de la ley de 1798 para expulsar enemigos de su país y el señalamiento directo a Nicolás Maduro de ser prácticamente el jefe del Cartel de los Soles, es una jugada de Estados Unidos que de una u otra forma toca a Colombia y a la región.

Que la Casa Blanca diga esto: “el Tren de Aragua opera en conjunto con el Cartel de los Soles, una empresa de narcoterrorismo patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro”, trae sus implicaciones.

Por ejemplo, ya que el FBI está investigando a esa poderosa organización narcotraficante integrada por funcionarios y miembros de la Fuerza Armada Venezolana, debería pedir apoyo de inteligencia para contrarrestar su presencia como comprador de cocaína en el Catatumbo, que tiene 43.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.

Una investigación del Miami Herald, Armando.info y OCCRP reveló que ese bloque de narcos venezolanos tiene en Colombia tres ejes para el negocio cocinero: el del Catatumbo, el de Arauca y el Vichada-Orinoco.

Ante la notificación estadounidense, el presidente Gustavo Petro y las evidencias de que esos ‘soles venezolanos,’ están alimentando el conflicto armado, debería pensarlo dos veces antes de llegar a concertar cualquier plan binacional como lo ha expresado Maduro para el territorio catatumbero, puesto que se debe evitar a toda costa que mafias mexicanas y venezolanas aliadas con grupos como el Eln se vayan a adueñar de esta subregión.

Y es que esta otra afirmación del gobierno de Trump de que la “meta del régimen de Maduro es desestabilizar las naciones democráticas en las Américas” hay que tomarla en serio y ponerla en el radar.

Con el Tren de Aragua hay que continuar siendo inflexibles y seguirlo atacando con fuerza y aplicándole todo el peso de la ley, puesto que esta zona de frontera sus miembros la están tomando como ‘retaguardia de descanso’ y escondite preferido por su cercanía con Venezuela.

Y ahora que la Casa Blanca puso a sonar con más fuerza al Cartel de los Soles, a Colombia y su fuerza pública, su justicia y aparato de inteligencia les corresponde es eclipsarlo para que no continúe siendo un agente generador de violencia en vastas regiones del país.

El Estado colombiano, por encima de cualquier ideología, tiene que proteger a sus ciudadanos y la integridad territorial, ante lo cual debe hacer una alianza internacional para que esa “empresa de narcoterrorismo”, como la denomina Estados Unidos, sea desmantelada y llevada a los tribunales de justicia.

El presidente Gustavo Petro ya vivió en carne propia las consecuencias de dejar avanzar un problema hasta que se saliera de las manos, con lo ocurrido desde hace dos meses cuando estalló la guerra entre el  Eln y la disidencia de las Farc, que ha dejado  86 personas asesinadas y 57.318 desplazados en el Catatumbo.

A las organizaciones narcotraficantes extranjeras en Colombia no se les puede brindar ninguna alternativa más que derrotarlas, destruir sus ejércitos y debilitar su poderío económico y capturar a los cabecillas para que paguen por sus delitos, no solo por el tráfico de estupefacientes, sino por su actuación criminal como operadores y financiadores del terrorismo y las hostilidades contra la población civil indefensa y hasta de operaciones de desestabilización.

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