En Tibú y otras localidades del Catatumbo sufren en carne propia los coletazos generados por la prolongada guerra entre los grupos armados ilegales.

Dicha subregión de Norte de Santander se enfrenta a la extorsión con retroactividad al transporte de carga por parte del Eln, poniendo en riesgo la continuidad de esta actividad como consecuencia del cobro ilegal.

Tener que disponer de dinero para cubrir la amenazante vacuna, que en el evento de no pagarla puede conducir a violentas represiones en contra de los propietarios, conductores, vehículos o mercancías, constituye la pérdida de la tranquilidad,  la seguridad y cuantiosos recursos económicos.

Una situación de esta naturaleza ya sabemos muy bien que termina en una presión e impacto sobre el desenvolvimiento del sector productivo catatumbero y del renglón transportador, generando prácticamente su paralización.

Entonces, si tomamos lápiz  y papel, hay un listado de hechos adversos que afectan la economía, el empleo, la conectividad, la misma productividad,  la llegada de productos y materias primas y de las  áreas de recursos naturales no renovables.

Y los hechos adversos no cesan. Está, por ejemplo, la suspensión de los vuelos entre Cúcuta-Tibú, por parte de la aerolínea estatal Satena, que genera una incidencia negativa  ante el deterioro de la situación de orden público.

Perder momentáneamente una opción adicional para la movilidad aérea y  de facilidad hacia la conexión con otras partes del país provoca deterioros en la competitividad.

Ahí no cesa todo, porque las estaciones de servicio de Tibú, igualmente, se encuentran sometidas y asediadas por  las redes criminales que hoy los tienen con el yugo extorsionador, situación que ya ocasionó el cierre temporal de seis de ellas  en la región.

Es muy grave todo lo sucedido. Llegar a ese extremo lo único que genera es incertidumbre y zozobra al advertirse un escalamiento de las acciones criminales hacia el sector empresarial.

Lugo la guerra del Catatumbo ya está escribiendo otro episodio dentro de esa disputa del Eln y la disidencia de las Farc por tomar el control del territorio,  generando daños sobre la economía local. 

Es urgente que el Estado tome cartas en el asunto, porque si hasta una misma institución que lleva las banderas de Colombia por los aires no puede operar en la zona, significa que la situación de violencia es muy volátil.

Que Satena haya tomado esa decisión envía el mensaje de que el Catatumbo se encuentra en uno de los peores momentos de su historia, tan solo comparable a la época en que hubo la disputa entre la guerrilla y paramilitares, saldada con un alto número de víctimas. 

Debe responder la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa  si es que están altamente riesgosas  las condiciones en el Catatumbo como para que la empresa aérea estatal no pueda mantener sus operaciones en esa área del departamento.

Todo lo que está ocurriendo requiere una reconfiguración de las acciones militares, policiales y de intervención estatal con planes de sus diversas instituciones, porque es urgente la transformación del Catatumbo poniéndolo a salvo del narcotráfico, de las incursiones de los grupos armados  y los delitos conexos, entre otros hechos que lo tienen convertido en un foco violento.

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