Por la experiencia, para muchos ciudadanos no es esa la fórmula adecuada, pero, la verdad, todo parece indicar que no hay otra que se pueda aplicar. A los adictos a las droga les tocará confiar en los policías que, tal vez, hasta ahora los han perseguido y quizás arrestado.

Ante una norma tan ancha, verdadera autopista jurídica, en la cual caben todas las opciones posibles, será el criterio de cada policía el que determine si la persona a la que le encontró drogas en su poder es adicta o un narcotraficante.

Desde cuando la Corte Suprema de Justicia señaló en un fallo inapelable y definitivo que la dosis mínima de drogas es la que necesita el adicto, no ha sido posible hallar fórmulas justas para determinar si la cantidad de droga que lleva una persona consigo es su dosis mínima o parte de un negocio.

No es fácil ni para un experto, porque no hay fórmulas matemáticas para determinar cuál es la cantidad de marihuana o de cocaína que necesita alguien que es adicto a esas sustancias. En  realidad, cada caso es único, tanto como lo es cada persona.

Desde luego, no habría duda alguna de que se trata de tráfico si a alguien le encuentran media libra de marihuana, por ejemplo. En casos así, el criterio del policía no tiene que ser muy estricto para saber que está ante un narcotraficante.

Pero, el verdadero problema no se limita al detalle de si el policía tiene o no el criterio lo suficientemente ajustado para decidir el futuro de una persona, pues su concepto puede enviarla a la cárcel hasta por 9 años.

Y en este aspecto surgen las prevenciones de los ciudadanos, conocedores del gran poder de todo policía cuando tiene en sus manos a un probable violador de las normas legales, y de la enorme posibilidad de que el uniformado traspase, también, por dinero o lo que sea, los límites de la legalidad y de la ética.

Las instrucciones que tienen los policías son las de que pueden detener a cualquier persona que lleve más de la dosis mínima de 20 gramos de marihuana y 5 de cocaína, y judicializarla. Pero, apelan a realizar “juicios de valor de manera razonada” frente al capturado, lo que significa “evaluar cada caso en particular”.

Pero, acostumbrada la sociedad como está, a prácticas frecuentes, aunque delictivas, como la concusión y el cohecho (soborno), desconfiar de la integridad ética del policía se hace casi obligatorio.

Si con mecanismos como el medidor de los niveles de alcohol en la sangre, cuya precisión parece estar fuera de duda, hay tantas y tan airadas reacciones y controversias, ¿cómo garantizar que el criterio del policía es el acertado cuando de drogas se trata? El criterio no tiene una escala de valores precisa, constante e igual para todos.

Permitir que sea el policía el que tome la decisión sobre alguien que porta una cantidad de droga es, en cierto modo, transferirle funciones de juez para que determine si esa persona puede o no seguir libre.

La libertad, lo sabe cualquiera, vale mucho como para no estar dispuesto a ofrecer dinero por ella. Y el dinero vale mucho como para no estar dispuesto a recibirlo, y más si el policía está mal pago. Porque, aunque es duro admitirlo, los policías son funcionarios potencialmente corruptibles en cualquier momento.

Desde luego, el principio de la buena fe y la presunción de inocencia siguen siendo válidos, incluso, y más, con los policías. Esperemos que este cambio en la ley, no se convierta en lo que terminan convirtiéndose las normas represivas en nuestro país, en una medida para sacar beneficio económico particular.