El principio según el cual los mejores ciudadanos son los que deben estar al servicio del Estado, como funcionarios, en Colombia es un mal chiste. No porque todos los burócratas sean malos ciudadanos, sino porque muchos malos están allí, medrando, agazapados, robándose lo que pueden, incluso con las leyes en la mano.
En Cúcuta, por ejemplo, basta mirar hacia cualquier dependencia pública, para darle la razón al fiscal Néstor Humberto Martínez cuando señala que “mafias de contratistas” han tomado por asalto el sistema de contratación del Estado.
Y no es porque en todas las dependencias haya corruptos, sino que en todas se perciben los efectos de la resaca putrefacta que maneja los recursos del Estado.
Obras sin terminar, otras que se caen al menor soplo del viento, otras más que jamás se inician, contratos adjudicados a dedo no al mejor postor, sino al mejor amigo y cómplice; presupuestos que se reajustan periódicamente, bienes del Estado (escuelas, parques, terrenos…) que se malvenden para hacer grandes negocios, contratos leoninos que solo dejan beneficios a la mafia, concesiones (de alumbrado, de fotodetección de infractores de tránsito, de acueductos y otros servicios públicos, de alimentación escolar…), contratos de suministro de implementos y equipos, de pasajes aéreos, de medicamentos, de provisión de mano de obra…, en fin. Donde quiera que señale el dedo estalla la pústula maldita de la corrupción.
Y lo que produce más asco e indignación es que los nombres de contratistas y de funcionarios contratantes (ordenadores del gasto, controladores, abogados, expertos en contratación…) se repiten año tras año, contrato tras contrato, obra tras obra, coima tras coima, a ojos vista de una sociedad que nada ve, que nada oye, que nada dice, porque se acostumbró a que le saquen del bolsillo el dinero que es para su presente y para el mejor futuro de sus hijos. Sociedad indolente, cómplice, sin el menor asomo de vergüenza, complaciente con los delincuentes que dentellan de felicidad en sus oficinas pestilentes, ante la menor posibilidad de los contratos.
En la burocracia del Estado hay funcionarios que se dicen honrados, probos, respetuosos de la norma. Pero su silencio, su costumbre de mirar por la ventana mientras en el escritorio vecino roban, su abyecta lealtad hacia el político que los puso donde están, los desmienten y los acusan.
Desde luego, hay funcionarios íntegros, pero, casualmente y casi por norma, ocupan los lugares más alejados de los centros de poder de la burocracia, están en los sitios donde la corrupción no llega, porque no tienen nada que sea de su interés.
¿Dónde están los buenos? ¿Por qué no se unen en una fuerza poderosa que arrase con la mafia, con la corrupción, con la politiquería, con el clientelismo, con el soborno como moneda de cambio, con ese ambiente de podredumbre que expele toda dependencia pública?
¿Por qué en situaciones como esta no aparecen los cristianos que prometen ser la fuerza moral restauradora? ¿Dónde los ciudadanos que no transigen con el delito, y los que cumplen fielmente con sus deberes cívicos?
¿Por qué tanto silencio que lleva a pensar en cobardía?
