Herido en su soberbia, porque trascendió que por su decisión dispone de un extravagante y costoso esquema de seguridad por cuatro años más, sin necesidad aparente, porque ya no es un alto funcionario del Estado, el exprocurador general Alejandro Ordóñez solo atinó a señalar que le interesa un bledo si se lo quitan.

Sus palabras parecen la reacción típica del jinete desmontado por la bestia: desconoce el suelo desde el que se encaramó y ya no le gusta. No puede gustarle, en especial si saboreó a tragos largos las delicias del poder ejercido de una manera casi autocrática, sin explicar nada, sin responder ante nadie, salvo a él mismo.

Ha vuelto a ser un ciudadano de a pie, que debe someterse a las leyes, sin posibilidad de que le rindan pleitesía, y esa situación le genera desagrado notorio.

Su malestar tiene que ver con el hecho de que alguien descubrió que cuando era el muy poderoso procurador, reformó dos veces una resolución interna mediante la cual decidió que a los altos funcionarios que se van de la dependencia se les debe mantener el esquema de seguridad por cuatro años más.

Nada más que en el caso de Ordóñez su esquema cuesta 20.572 millones de pesos por los cuatro años, según cálculos poco detallados, nada despreciable, esta suma, si se tiene en cuenta que los riesgos para él podrían provenir de las personas a las que investigó y sancionó: todos, funcionarios o exfuncionarios del Estado.

Además, en un país que ya no está en la situación de guerra que vivió, ¿se justifican este y otros esquemas de seguridad de funcionarios y exfuncionarios públicos? Quizás no. Las Farc y el Eln fueron siempre el principal factor de riesgo de esos altos funcionarios. Y con las Farc ya no hay guerra, y con el Eln comienzan los diálogos de paz en horas.

En esta misma línea se puede preguntar si miles de escoltas que cuidan de personas en riesgo, y de vehículos y armas, se justifican, cuando, precisamente, hay en curso una reforma tributaria que busca dinero donde haya, porque el Estado ya no puede con todos sus gastos.

Ordóñez aclaró que no son 16, sino “12 o 13 carros (para su cuidado y el de su esposa y su hija) porque la obligación es la seguridad para el Procurador y su familia”. A eso hay que añadirles los choferes, los escoltas (sus viáticos y boletos aéreos para cuando él viaja), combustibles, mantenimiento…

De manera que no es muy creíble todo aquello de que le interesa un bledo si se lo quitan. Realmente sí tiene que interesarle. Depende del bledo, y en este caso es muy atractivo. Es de imaginar el berrinche del exprocurador si llegara a quedar sin toda la parafernalia de seguridad que, valga la redundancia, se aseguró para cuando ya no fuera el que era.

Porque a cualquiera persona le es muy fácil concluir en que una cosa es la imagen de un Ordóñez con 12 o 13 carros y escoltas y choferes armados todos, y otra, la del mismo Ordóñez cuidado por un policía de reglamento.

Hay bledos de bledos.