Las violaciones a los derechos humanos a las que fueron sometidos los colombianos que estuvieron arbitrariamente detenidos en Venezuela no pueden quedarse solamente en testimonios ante los medios de comunicación.

Al Gobierno nacional en desarrollo de sus obligaciones constitucionales le corresponde emprender las acciones ante los organismos internacionales para denunciar al régimen del presidente Nicolás Maduro.

Las desgarradoras declaraciones de varios de los 17 connacionales que por fin fueron dejados libres luego de permanecer tras las rejas por el simple hecho de ser extranjeros y tildándolos falsamente y sin prueba alguna de hacer parte de grupos armados ilegales.

Asumir que son guerrilleros o paramilitares por el simple hecho de ser colombianos, es una grave contravención  a las normas por parte de un Estado  porque aparte de ser una manera de xenofobia implica la estigmatización y señalamiento  sin causa justificada.

El llamado es al Congreso de la República para que llame a la canciller Rosa Villavicencio a exigirle que adopte las respectivas decisiones desde el campo de las relaciones exteriores.

Entre ellas se esperaría el envío de una nota diplomática a su colega venezolano para exponerle la molestia del gobierno colombiano ante la retención sin justificación de las 38 personas, como para condenar las condiciones inhumanas en que se encontraban durante su permanencia en las celdas en que los mantuvieron contra su voluntad.

Además, se deben emprender las correspondientes denuncias ante la comunidad internacional, empezando por organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas y a Organización de Estados Americanos, puesto que se advierte a las claras que cruzar al vecino país se está convirtiendo en un riesgo para los colombianos que terminan padeciendo esta clase de persecuciones por parte de las autoridades venezolanas.

Eso de torturar a los detenidos o someterlos tapándoles la boca con cinta para que no puedan expresarse, son prácticas que violentan la dignidad humana de quienes son hechos prisioneros sin haber en su contra denuncias o condenas judiciales de ninguna naturaleza.

Lo peor es que este caso de los colombianos ha dejado ver una degradación absoluta del régimen chavista que encabeza Maduro, que usa cualquier clase de  excusa para enviar tras las rejas a los extranjeros que consideren enemigos de Venezuela.

Resuena con asombro la declaración de uno de los liberados al señalar que entre las acusaciones que les lanzaron se encontraba la de tener que pagar ellos por la ‘traición’ del general Francisco de Paula Santander contra el Libertador Simón Bolívar.

Con ese solo episodio del cobro histórico de un acontecimiento del pasado, ya es suficiente para que Colombia exponga las respectivas acciones judiciales internacionales para que el gobierno venezolano responda por tan extraño y rebuscado expediente para argumentar mantener en sus mazmorras a ciudadanos colombianos.

Hay que exigirle a Caracas que devuelva sanos y salvos a los 11 compatriotas que aún permanecen detenidos en sus cárceles después de las elecciones del 28 de julio de 2024 y también que este episodio no lo vaya a engavetar la Casa de Nariño, sino que proceda a hacer respetar a sus conciudadanos y avance ante las últimas consecuencias en los tribunales internacionales.

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