El microtráfico que va de la mano del crecimiento de la drogadicción y que, además, es un elemento disparador de la inseguridad en Cúcuta, comenzó a ser enfrentado con un plan de demolición de los sitios destinados para el expendio, almacenamiento y consumo de estupefacientes.

La ciudadanía en barrios como San Rafael, La Cabrera, Antonia Santos, Motilones, La Ínsula, La Libertad, Atalaya, entre otros sectores, esperan que la medida de la Secretaría de Gobierno Municipal para derrumbar 20 ollas, al menos ayude a garantizar en parte la seguridad y convivencia ciudadana.

Se supone que esta iniciativa que cubrirá tanto aquellos puntos que se encuentran en espacios públicos como en terrenos privados debe hacer parte de un conjunto más complejo de acciones para poner a raya este problema que tiene componentes policiacos, pero también de salud pública y sociales.

Nadie demerita el hecho de que en barrio tumben o eliminen una de esas ollas, puesto que significará que al menos el vecindario y la zona queden libres de jíbaros y consumidores de drogas pululando por el lugar.

Pero ese buen resultado puede ser apenas momentáneo, porque quién garantiza que esos expendedores de basuco o heroína no vuelvan utilizando otros mecanismos para mantener el control de ese mercado.

Si esto va a acompañado de una fuerte y permanente presencia policial y de la multiplicación de la operatividad y la inteligencia para golpear fuertemente a los microtraficantes en toda la ciudad y el área metropolitana, pudiéramos decir que estamos frente a una acción realmente contundente y envolvente contra ese peligroso negocio.

Pero en el evento que esto sea solo un golpe momentáneo y no estructural contra el microtráfico, tendrán toda la razón los habitantes de las comunas cucuteñas que se quejan porque la alegría es pasajera, puesto que al final todo queda convertido en paños de agua tibia.

Además, las autoridades no deben olvidar que para procurar hallarle solución desde la parte policial y judicial al llamado narcomenudeo, es indispensable entender y enfrentar la oleada violenta que sobre la ciudad trae el conflicto armado en el Catatumbo y la criminalidad en la frontera.

Para ayudar a reducir los homicidios y los hurtos de celulares por ejemplo, algunos de los cuales están estrechamente ligados a ese mal urbano, lo fundamental es que el plan esté lo suficientemente sólido y consistente en el tiempo, para evitar que el problema simplemente se traslade de barrio o de comuna.

Ojalá esto que dijo Edwin Moreno, subsecretario de Gobierno Municipal se cumpla: “al terminar con estas demoliciones continuarán trabajando articuladamente para seguir mitigando el flagelo de inseguridad para tener índices menores y una ciudad más tranquila”.

Entre tanto, las estadísticas señalan que en la ciudad los habitantes de la calle llegan a 1.211, de los cuales un 5% serían menores de edad y un 42% extranjeros que encontraron en la capital nortesantandereana un paraíso para el consumo de alucinógenos.

Ahí se encuentra una parte del componente social de la drogadicción que no solo está ahí, sino entre personas que consumen las sustancias sicoactivas a manera de diversión o cuando están consumiendo licor, por ejemplo, asunto que implica que hay subregistro y que desde el punto de vista de salud es necesario igualmente fortalecer las medidas para tratar la adicción.

Por ejemplo, al cierre de 2021, en Norte de Santander se reportaron 479 casos de personas que  consumen basuco y cocaína, según el Instituto Departamental de Salud.

Es evidente que la tarea para demoler este monstruo es ardua e integral para poder ganar la batalla.