¿Cuántos años lleva el Estado colombiano negociando conflictos internos de todo tipo, incluso guerras? Tantos, que es difícil precisarlo. ¿Y qué le ha quedado como experiencia?
Salvo la costumbre de equivocar siempre el método, nada más.
Es cierto que todos los conflictos pueden ser diferentes, bien por su origen, por ejemplo, o por la razón que sea.
Lo que cuenta es que, a pesar de que siempre falla, la práctica es siempre la misma: el gobierno de turno envía a negociar a un grupo de funcionarios de nivel medio sin facultad diferente de escuchar y prometer lo que después nadie cumplirá.
Por eso, cada conflicto superado, les enseña a los promotores del siguiente que habrá una etapa en la que solo se escuchan las quejas, y que mientras más prolongada sea, mejor para el Gobierno, equivocadamente convencido de que podrá ganar por cansancio de la contraparte. Y no es así.
La experiencia de las negociaciones la han acumulado los ciudadanos, no el Estado, cuyos administradores reiteran los errores, así el modelo de negociación del acuerdo de paz con las Farc, por ejemplo, sea hoy citado como ejemplo muy exitoso en la academia universal.
Enviar delegados sin facultades para decidir, que solo pueden prometer que todo lo consultarán con sus negociadores, exaspera a la contraparte que, de ordinario, se radicaliza y llega a las vías de hecho.
Otras veces, sin instrucciones precisas de hasta dónde ir, en su afán por solucionar un problema apremiante, los representantes del Gobierno prometen más de lo que se puede prometer.
Y, ante la falta de cumplimiento de las promesas, el conflicto se escala a niveles casi insuperables.
El caso del paro agrario se manejó de esa manera. Hasta cierto punto, el de Catatumbo fue así, hasta cuando Ascamcat comenzó a presionar por soluciones prometidas que aún hoy no se materializan en su integridad.
Desde hace largos meses, la comunidad india u’wa viene insistiendo en que el Gobierno dilata el cumplimiento de compromisos que para los indios son sagrados, como que tienen que ver con su más arraigada cultura ancestral.
Hace algún tiempo, el gobierno se comprometió a reconocer el territorio u’wa como libre de exploraciones petrolíferas, pero no ha cumplido, porque la soberbia Ecopetrol se opone.
Para presionar, los indios bloquearon la planta de gas de Gibraltar, en Toledo, que ayer se tomaron, porque a una reunión que pidieron con altos funcionarios del Estado, enviaron delegados sin ningún poder de decisión.
Y hoy, Bucaramanga y otras poblaciones corren el riesgo de quedar sin gas domiciliario.
Y todo, porque la experiencia de negociaciones como la de La Habana, parece que al Gobierno de nada le sirve.
No la aprovecha. Y si piensa que les ganará a los u’wa por cansancio, se equivoca de plano: primero se extinguen, antes que ceder.
