Las autoridades municipales de Tibú —y tal vez las de Puerto Santander y otras poblaciones— están enfrentadas a un problema complejo cuya solución no les corresponde, pero que les está dejando consecuencias importantes que pueden ser muy graves en el futuro de todos.

El pueblo se está llenando de prostitutas venidas de Venezuela: por ahora, y según voceros oficiales, hay censadas unas 200, que además de los problemas de salud y de convivencia que generan, están causándole serio daño a las finanzas del Municipio, que debe asumir los costos de los controles sanitarios regulares de todas esas mujeres.

Esos gastos no presupuestados, y los problemas de convivencia y de estatus migratorios, los está asumiendo la Alcaldía —igual puede estar sucediendo en otros lugares— sin corresponderle. Si esas y otras personas extranjeras están en Colombia sin la documentación necesaria para permanecer acá, es por razones que desde esta sección se han señalado con frecuencia: Migración Colombia es una inutilidad del Estado no una dependencia.

Y este problema de las prostitutas no es el único originado en la absoluta y creciente falta de control de las autoridades migratorias. Aunque no es indiferente al complejo problema que enfrentan los hermanos venezolanos, Cúcuta está llegando a un límite con la enorme cantidad de venezolanos que sobreviven en las calles en actividades como el comercio informal, los más decentes, o trabajando en negocios formales, pero a costos bajísimos para los empresarios, o incluso en la criminalidad.

De Venezuela está llegando a Colombia una masa informe de personas cada día, de la que solo se regresa una parte, y ninguna autoridad se preocupa por una solución, aunque sea parcial. Cuando se consulta sobre estos asuntos, Migración Colombia se deshace en explicaciones sin fundamento y en remisiones “a Bogotá”.

A esa entidad le está ocurriendo algo similar a lo que le sucede a la Dian: en los pasos autorizados, los funcionarios pasan el día en charlas, viendo el desfile de inmigrantes a los que nadie les pregunta ni el nombre. Muchos de ellos siguen su camino hacia el interior de Colombia, y si alguna vez retienen a uno, es porque en Pamplona, de casualidad, la Policía lo descubre como pasajero en un bus.

¿Por qué la Alcaldía de Tibú gasta sus recursos en la salud de las prostitutas venezolanas? Porque el Alcalde no quiere que cualquier día de esto se conozca cifra alguna de enfermedades venéreas y lo culpen de no prestar atención a ese asunto.

Pero no le corresponde gastar los recursos municipales en los exámenes de sangre periódicos que se deben practicar a quienes viven de comerciar con el sexo.

En realidad, no le corresponde a ninguna autoridad colombiana. Lo que se debe hacer es enviar a esas y a todos los extranjeros que permanecen en Colombia con estatus migratorio irregular, a sus países de origen. Y eso le corresponde tanto al servicio migratorio como a la Policía.

Y si se trata de control de extranjeros, muchas autoridades colombianas deben intervenir: Congreso, cancillería, ministerios de Interior, Trabajo, Educación, Salud, Transporte, Defensa…

Pero, y esto es inexplicable, ninguna interviene, aun sabiendo que Venezuela encontró en la situación una buena oportunidad para deshacerse de problemas que la agobian, transfiriéndolos a Colombia.