Del color de los socavones de las minas de carbón podría ponerse el futuro de ese renglón económico nortesantandereano y de los miles de hogares que de él dependen, producto del proyecto gubernamental relacionado con la minería en el país.

Pero hay más por qué preocuparse, pues esa profunda oscuridad podría posarse sobre las regalías y todos los movimientos que este sector genera para el desarrollo regional.

Todo esto se deriva de que serán sometidos a pagar más impuestos aparte de tener que empezar a dar los pasos hacia la transición energética porque la concepción inamovible del Gobierno nacional es que el carbón se tiene que apagar.

Esa mezcla de situaciones genera un panorama difícil en el que no se sabe qué irá a pasar con 30.000 mineros que laboran en ese sector que sigue siendo soporte para industrias claves como la de bluyines, cerámica, arcilla, construcción y la producción de electricidad.

Se imaginan que cada uno represente un hogar, estaríamos hablando de 30.000 familias que aproximadamente podrían ser 150.000 personas, solamente en esta parte del país.
Socialmente sería un desastre para la región permitir que el sector carbonífero quedara reducido a cenizas. 

Hacer la evaluación desde ese punto de vista nos pone a pensar que el desempleo se desbordaría, el rebusque se multiplicaría y la pobreza extrema se duplicaría.

Lo consignado en ese cuadro describe con crudeza un desolador mañana que surgiría de la implementación de la ley minera, cuyo proyecto aún no ha sido aprobado por el Congreso de la República, y sobre cuyos efectos negativos ha venido advirtiendo el gremio desde tiempo atrás.

Continuando con otros dañinos impactos previstos, se encuentra el que golpearía a las regalías y por lo tanto a la región, teniendo presente que el año pasado los empresarios del carbón aportaron $101.000 millones por ese concepto a Norte de Santander.

Y hay más datos que confirman lo delicado que se avecina. La industria del carbón pagó $4.3 billones en impuesto de renta por cada punto del PIB e hizo aportes por $800.000 millones para la biodiversidad.

Ojalá el Gobierno nacional haya sopesado bien los contras de su política en ese campo y tenga las suficientes y adecuadas estrategias para conjurar los riesgosos males que se desatarían aquí, dentro de la iniciativa presentada al Legislativo.

Se espera, entonces, que la bancada nortesantandereana en el Congreso de la República salga en defensa de la región y evite que una eventual aprobación de la Ley Minera se convierta en un demoledor efecto sobre un sector altamente generador de empleo y de recursos y que es, además, un importante motor económico cucuteño y nortesantandereano.

Tienen los congresistas de esta zona del país los suficientes argumentos para oponerse y exigir las modificaciones que se ajusten a la realidad, que haya compensaciones y que se conozca cuál es el plan de transición- no solo desde la parte discursiva- sino con los sustentos técnicos y de planeación respectivos, puesto que un departamento como Norte de Santander, cruzado por el conflicto armado, no puede venirse a dar el lujo de ir a caer en una crisis social de proporciones como la descrita.

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