Al salón de la fama de las injusticias que comete la administración de justicia colombiana ha entrado por la alfombra roja, el caso del cucuteño Edward Alfirio Nieto Coronel quién por un costoso error pagó 14 de los 56 años de condena por una masacre que no cometió.

Allá quedará al lado de lo ocurrido a finales de la década de los años 1980 del siglo pasado con Alberto Júbiz Hasbún a quién le echaron la culpa del magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, y permaneció cuatro años tras las rejas.

Los costos en todos los sentidos son inconmensurables. Empecemos por el económico que es a veces el que más duele. Oído al dato, se necesitaría el equivalente a tres reformas tributarias para las indemnizaciones o reparaciones de quienes dejan en prisión parte de su vida por crímenes que ni siquiera sabían que habían cometido.

Y esa billonaria cantidad de dinero nos conduce hacia el laberinto en el que la diosa de la Justicia ha extraviado sus principios por culpa de las erráticas, equivocadas actuaciones, acusaciones y  sentencias de muchos abogados, jueces, magistrados y fiscales que terminan enviando a prisión a inocentes.

Causa perplejidad el dato suministrado por la Corporación Excelencia en la Justicia, según el cual,  de cada cien sentencias, entre 30 y 40 están equivocadas.

En Colombia esa cruel realidad de Alfirio o de Hazbún tiene que conducir a un debate ético sobre el daño emocional, moral  y de salud que sobre víctimas, como ellos, ocasionan esos fallos repletos de fallas, puesto que sus vidas las cambiaron para siempre, dejando sobre ellos un estigma imborrable.

Desde la academia hasta la magistratura, pasando por los juzgados, los tribunales y las Altas Cortes, al igual que la propia Fiscalía, deberían hacer un ejercicio de reflexión y darle paso urgentemente a la nueva Ley 2477 de 2025 para que todos los males que afectan su proceder puedan empezar a conjurarse.

Es  perentorio que la modernización de la administración de justicia se produzca sin más trabas con el fin -por ejemplo- de que ni las cárceles estén llenas de inocentes ni tampoco vacías de los verdaderos culpables de cometer delitos de diversa índole.

Una justicia cierta, concreta y real es una meta que los colombianos esperan que se cumpla prontamente, para reducir la congestión  judicial, agilizar la emisión de sentencias, fortalecer los derechos de las víctimas dentro del sistema penal y blindarlo frente a la siempre acechante corrupción.

La deidad de la justicia plantea principios que son vistos como inalcanzables por común de los ciudadanos, como es la imparcialidad, la equidad y el poder coercitivo de las leyes, puesto que en la práctica son vulnerados, violados y descartados como lo prueban los hechos.

Así que ni las buenas intenciones ni los discursos ni las normas escritas sirven de nada. Se hace urgente actuar, corregir, enmendar y eliminar los errores, enderezar y aplicar las leyes al igual que disminuir los tiempos de respuesta y los niveles de impunidad, para que tal vez al fin podamos llegar a tener una Justicia cercana, eficaz y garante de derechos para toda la ciudadanía.

Oído al dato, se necesitaría el equivalente a tres reformas tributarias para las indemnizaciones o reparaciones de quienes dejan en prisión parte de su vida por crímenes que ni siquiera sabían que habían cometido.

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