No es desconocido que desde las celdas de muchos penales en Colombia los delincuentes condenados siguen haciendo de las suyas y generando inseguridad en las calles.

Aunque están prohibidos, los teléfonos celulares que aparecen como por arte de magia, son para ellos el enlace con sus bandas y una forma de extorsionar víctimas tanto en el país como en el exterior.

Quedó al descubierto, mediante un sistema tecnológico de agencias Estados Unidos para el rastreo de llamadas, que desde la prisión de Cómbita (Boyacá) se hacen contactos con El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Perú, Chile y Argentina para extorsionar a las víctimas en esos países.

Aunque ya existen medidas activadas para  controlar esta operación delincuencial de índole transnacional, lo cierto es que se requiere con urgencia un fortalecimiento y modernización del sistema penitenciario colombiano.

Está muy bien que se haya producido la activación de los inhibidores de señales para no permitir el funcionamiento de los teléfonos en las cárceles, porque es una forma de cortar la línea de mando que muchos cabecillas encarcelados han logrado mantener tras las rejas con los miembros de sus bandas.

Independientemente, aquí hay otro  aspecto que urgentemente necesita ser extirpado como es el de la corrupción, único factor que facilita el que los prisioneros resulten teniendo acceso en la cárcel a armas, sistemas de comunicación y otros   elementos prohibidos.

Sí está bien que se use tecnología avanzada para que el delito no escape entre los barrotes y los pasillos penitenciarios, aunque sin embargo hay que actuar sobre ese cáncer de la corruptela que tanto daño le ha venido haciendo al país a lo largo del tiempo.

Aterrizando dicha determinación al caso cucuteño, nos encontramos con la sorpresa de que por el momento la cárcel Modelo de la capital de Norte de Santander no aparece en el listado de prisiones en donde fueron encendidos los equipos para impedir las llamadas, que de por sí no tienen visto bueno para los internos.

Aunque por el momento se encuentran cobijadas por esa orden las cárceles de Cómbita, Valledupar, Ibagué y La Dorada, aquí salta a la vista una curiosidad: la obsolescencia de esos equipos especiales, en varios centros penitenciarios.

En el caso cucuteño ocurre un hecho que por el momento está relacionado con el efecto que los inhibidores de señales de los teléfonos celulares ocasionan a quienes residen en el vecindario, quienes no pueden hacer uso de sus móviles.  

Obviamente deben hacerse varias acciones, como es el de las inversiones para superar los problemas que enfrentan esos aparatos en diversas cárceles, que tal vez también pueda ayudar a enfrentar el inconveniente que se registra en la ciudad, porque de pronto desde el punto de vista tecnológico será factible superar el hecho de que afecte a zonas pobladas aledañas.

Aquí podría probarse el procedimiento de la cobertura de bloqueo con enfoques focalizados para que de todas formas la ciudad pueda quedar protegida de quienes desde las celdas persisten en enviar órdenes o en manejar centrales de extorsión contra la ciudadanía.

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