El exceso de velocidad, no la velocidad, es una de las principales causas de accidentes de tránsito. Otras son las fallas mecánicas, la impericia de los conductores, la fatiga, y la influencia de sustancias como alcohol o drogas.

Sin embargo, solo el factor velocidad es fácilmente detectable, y esta es razón suficiente para que algunas alcaldías, siguiendo la moda, hayan encontrado en ella una pequeña mina para fortalecer sus ingresos rentísticos a través de los dispositivos de detección electrónica, traducidos en fotomultas.

Con evidentes abusos y claras contradicciones con la realidad, de lo cual nadie parece hacer consciencia, pues solo parece interesar la posibilidad de tener ingresos por cada carro que se mueva y no lleve el freno puesto. Lo demás, como la inequidad, no importa.

Acá, no podíamos ser ajenos a la moda. Y Villa del Rosario, en decisión que reviste más dudas que certezas sobre el contrato de concesión, le dio 80 por ciento de las fotomultas a una firma privada a cambio de casi nada. Y por 30 años.

Y, como consecuencia, se generó una situación curiosa: en una autopista de seis carriles, que se supone es una vía rápida, el límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora. Así, ir a 35 kilómetros, será causa de sanción con multa.

Y todo el sistema rige solo para los automovilistas colombianos; a los venezolanos, cuando vuelvan a circular por allí de manera masiva, no habrá como notificarles las fotomultas, mucho menos de hacerlas efectivas. Eso es inequidad.

Falta tener certeza de que, cuando los ingresos del concesionario de Villa del Rosario disminuyan, porque todos los automovilistas respetan los controles, no habrá trampas para aplicar multas injustas, como ocurre en otras regiones…

Al fin y al cabo, cuando por cada peso de multa una empresa recibe 80 centavos, pueden surgir ideas de cómo mantener ese margen de ingresos que les otorgó un contrato que no es bien conocido en sus detalles. El alcalde que lo firmó tuvo otros intereses… Aunque, con saber que 80 por ciento de todo cuanto se genere por multas es para una empresa privada, es suficiente para que cualquiera se inquiete.

Es tan buen negocio para las rentas municipales esto de las fotomultas, que en lo que va del año, en las pocas localidades donde han instalado el sistema, se han impuesto 527.485 comparendos (4.359 por día), que equivalen a 164.556 millones de pesos.

Un problema de fondo es que las fotomultas no están reglamentadas, y no parece probable que el Congreso lo haga pronto. En cambio, algunos alcaldes, como los de Cali y Floridablanca, optaron por neutralizar la acción de vehículos caza infractores que recorrían las calles multando a los automovilistas mal estacionados, y aumentaron los límites de velocidad por algunas autopistas.

Quizás el índice de accidentalidad haya disminuido con este sistema de control. Pero no ha ocurrido lo mismo por razones como la impericia y el pésimo mantenimiento de los vehículos que, además, no son sancionados. Quizás, porque ambas situaciones se generan en la irresponsabilidad del Estado, que entrega licencias de conducir a cualquiera y jamás vigila que los autos funcionen bien.