La coyuntura política de Colombia exige una reflexión madura, profunda y sin electoralismos de por medio. Estamos en un momento de aceleración del deterioro institucional, del debilitamiento de la credibilidad internacional del Estado colombiano y del riesgo creciente de que los valores que construyen nuestra convivencia democrática sean desplazados por la lógica del espectáculo, la polarización y el personalismo.

El detonador inmediato lo constituye la grave escalada de tensión que se ha abierto con  Estados Unidos, protagonizada por los señalamientos del presidente Donald Trump a su homólogo Gustavo Petro,  acusándolo de ser “líder del narcotráfico” y anunciando el fin de la ayuda norteamericana para la lucha antidrogas.

Debemos tener presente que no se trata de un simple tropiezo diplomático, sino del resultado lógico de un modelo de ejercicio del poder que ha convertido la confrontación, la retórica de ruptura y la teatralidad política en instrumentos de gobierno.

En Nueva York, Petro instó a soldados estadounidenses a “desobedecer las órdenes de Trump” y a “obedecer el orden de la humanidad”. Ese acto, con todos sus matices, representa una entronización de la conflictividad sobre la negociación, del antagonismo sobre el diálogo, y de la provocación sobre la institucionalidad. El revocar la visa del presidente Petro por parte del Departamento de Estado de EE.UU. es una manifestación —gravísima— de cómo se está erosionando la posición internacional de Colombia ante decisiones tomadas por este Gobierno.  

Esta actitud no es sólo simbólica. En materia de seguridad y combate a las drogas, Colombia ya enfrenta un situación crítica: un aumento de la coca, dificultad para alianzas estratégicas, y el aislamiento creciente frente a lo que ha sido una de sus alianzas más sólidas. La acusación de Trump señala directamente no solo al Gobierno colombiano sino al país como Estado incapaz de controlar el flagelo del narcotráfico.  

La insistencia del Gobierno de Petro en hacerse cómodo en la confrontación, como lo advertimos en este medio,  corre el riesgo de que Colombia pierda los años de apertura, integración y confianza internacional que tanto esfuerzo costaron. 

Las consecuencias podrían ser muy costosas: reducciones de cooperación, sanciones, aislamiento financiero, y, peor aún, el debilitamiento de la autoridad del Estado frente al crimen organizado.

La “soberanía” que el Gobierno proclama no puede convertirse en un pretexto para aislar a Colombia de sus socios estratégicos. Soberanía no es confrontación permanente sino capacidad de negociar, de cumplir compromisos y de integrar al país al mundo sin resignar autonomía.

El modelo caudillista que parece instalarse corre el riesgo de debilitar el Estado de Derecho y de fomentar dinámicas de excesiva personalización del poder.

La seguridad democrática no se construye con discursos incendiarios de caos y ruptura, sino con respaldo institucional, inteligencia estatal, alianzas internacionales y políticas de largo plazo.

Las relaciones internacionales, en particular con los EE.UU., no son trampolines para la vanidad personal, sino instrumentos de soberanía funcional que permiten al país avanzar en sus grandes desafíos de desarrollo, combate al crimen organizado e inserción global.

Señor presidente, dejamos de lado los adjetivos, los maniqueísmos y las proclamas grandilocuentes.

Colombia exige resultados, no gestos. Exige un Estado fuerte, una diplomacia creíble y un rumbo claro que nos saque del estancamiento, la polarización y el chantaje permanente. Hoy, más que nunca, la patria exige madurez institucional.

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