Puede ser la peor vía de Colombia. Las fotos que este diario publicó sobre el estado de la Carretera de la Soberanía son reveladoras como pocas del desastre en que se convirtió la que se diseñó como la obra que nos independizaría de una vez por todas de Venezuela.
Es, cómo no admitirlo, la prueba más contundente del olvido, el maltrato y el abandono de la región limítrofe por parte del Estado, lo que incluye, es obvio, a todas las autoridades, incluidas las departamentales. Las actuales están exentas de responsabilidad: acaban de llegar.
La vía pretendía evitar que, en situaciones como la actual, de cierre forzoso de la frontera, los nortesantandereanos pudiéramos visitar el Sarare y Arauca sin tener que hacerlo por las carreteras del vecino país.
Pero nunca se ha podido, no al menos con la tranquilidad y la rapidez que se necesitan en estos tiempos de globalización de los mercados.
El último intento de hacer viable la Carretera de la Soberanía fue un fracaso de escándalo, y sobre él los responsables guardan profundo silencio. Un contrato por 140 mil millones de pesos con el Ejército no se cumplió, porque en criterio del alcalde de Toledo, Jairo Alberto Castellanos, el batallón de ingenieros no construyó tres puentes ni pavimentó el tramo de Las Peñas, entre Pamplona y Labateca.
¿Qué se puede agregar al hecho de que en cuatro años, en el tramo de la vía en Norte de Santander el Ejército solo pavimentó 5 kilómetros? Un poco más de un kilómetro por año no es un indicativo que deje bien parado a nadie…
Y el problema de la incomunicación se agrava mucho más cuando se sabe, por boca del vicepresidente, Germán Vargas Lleras, que no hay más dinero oficial para este camino al infierno, porque es eso.
El propio Ejército ya probó que no se puede transitar por esa vía: el domingo pasado debió enviar helicópteros a recoger enfermos que venían en ambulancias que no pudieron continuar el camino, pues no había como hacerlo.
Hasta el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, pidió explicaciones que quizás no habrá. “No hay satisfacción con los trabajos”, explicó. “Consideramos que con inversiones tan importantes debería haber transitabilidad”.
Y reiteró la urgencia de hacer claridad sobre qué ocurrió con el contrato.
Es oportuno recordar que hace dos años, el exalcalde de Cubará (Boyacá), Samuel Bohórquez, advirtió encontrarse en peligro tras sus denuncias por presuntas irregularidades en las obras de mejoramiento y pavimentación de la vía de la soberanía, proyecto entonces a cargo de Fonade e Ingenieros Militares. Dos días después fue secuestrado y asesinado.
Inquietan bastante dos situaciones: si el estado de la carretera ha sido de desastre, ¿por qué, para recuperarla, se otorgan contratos por partidas realmente insuficientes?, y ¿por qué, si él ya sabe de lo sucedido, el propio vicepresidente de la República elude explicaciones?
Para dejarla en condiciones más o menos aceptables, los cálculos indican que se hace necesario invertir por lo menos 1,5 billones de pesos y un contrato con todas las garantías y pólizas de cumplimiento necesarias y que permitan dormir tranquilos a los nortesantandereanos, boyacenses y araucanos.
Si no, los conceptos de soberanía e independencia sonarán cada día más ridículos.
