La guerra no es solo muertos y heridos y destrucción física. La guerra va tanto más allá, que nunca nada vuelve a ser lo mismo. Los valores de la sociedad y sus costumbres, la moral individual y colectiva, sus tradiciones, todo queda hecho añicos.

Y cuando la guerra acaba, la epopeya de la reconstrucción no es suficiente para que las cosas queden en el lugar que antes ocupaba: muchas ya ni siquiera existen, y otras están tan cambiadas —a la fuerza— que son irreconocibles.

En situaciones así, el eterno reino de la doble moral se ensancha y en las filas del delito comienzan a formar muchos individuos que, en situación normal, no se atreverían a la menor transgresión legal.

Y son los combatientes los más proclives a dejarse llevar por lo inmoral —incluso lo amoral— y lo delictivo, y los guerreros se hacen pandilleros de baja laya y siniestra peligrosidad. Incluidos los soldados del Estado, claro está.

Los combatientes llegan a extremos tales de abyección, que literalmente espantan con su degradación: asesinan a no combatientes, roban, secuestran, extorsionan… y en el caso de las fuerzas oficiales, la ejecución extrajudicial se hace costumbre en algunos sectores.

Es obvio que no todos los combatientes ceden a la tentación del delito, ni todos los que lo hacen delinquen en materia grave. Pero la característica de este fenómeno es la de que mientras más se prolonga la guerra, más deterioro hay en la moral y la conducta de los individuos en filas. Y más de ellos se involucran.

Por eso, además de ponerle punto final a la guerra, hay que establecer los mecanismos necesarios para que se garantice que no habrá impunidad, pero que quienes sean hallados responsables de delitos, sean castigados en la medida de sus faltas.

Así, es positiva la iniciativa de beneficiar a los militares sindicados o ya condenados por delitos que no son de lesa humanidad y que fueron cometidos dentro del servicio: el Estado renunciaría al derecho de perseguirlos penalmente, facultado por una ley que el ministerio de Defensa está delineando junto con el Congreso.

Esa norma sería un equivalente al indulto y la amnistía pactados entre el Gobierno y las Farc en los acuerdos de La Habana. No hay razón para que, como consecuencia del fin de la guerra, solo haya beneficios para los guerrilleros, y no para los miembros de las fuerzas del Estado.

No hay duda de que el proyecto, que recibirá un tratamiento abreviado, se hará ley. No será una sorpresa su aprobación.

Lo que sorprende es la enorme cantidad de militares involucrados en estos delitos atribuibles al estado de guerra: unos 5.500, aproximadamente —están excluidos quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y otros muy graves, que no admiten tratamiento especial—. Tal es el daño dejado por la guerra entre las tropas del Estado.

Los soldados que aspiren a beneficiarse con esta iniciativa tendrán que cumplir con los requisitos que la lógica exige: comprometerse con los principios de verdad, reparación a las víctimas y no repetición. Es lo establecido en el sistema de justicia transicional.