“No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles”, señala textualmente el Derecho Internacional Humanitario, que extiende esa lógica protección a los niños y niñas en medio de un conflicto armado como el que todavía lacera a Colombia.

Traemos a colación esta notificación, porque hoy es el Día del Niño y por el dramático y doloroso suceso ocurrido en El Tarra, que es imposible dejarlo pasar por alto, por la gravedad que implica.

Las imágenes del video que ha circulado reflejan y exponen el doloroso escenario de la guerra que padece el Catatumbo, una de las tantas regiones nortesantandereanas donde el fragor de las balas y las bombas no se ha querido apagar.

Un polideportivo repleto de menores de edad, como lo muestra la fotografía publicada por La Opinión en su edición de ayer, convertido de un momento a otro en sitio de fiesta en un lugar de horror, nos confirma la delgada y frágil línea entre la tranquilidad y la alteración súbita del orden público.

A la disidencia del frente 33 de las Farc y a miembros de la guerrilla del Eln se les ha atribuido por parte del Ejército este ataque contra los civiles en medio del hostigamiento contra la base militar que se encuentra en dicho municipio.

La Cruz Roja Internacional deberá apuntar en su bitácora lo ocurrido el pasado miércoles en El Tarra y guardar el video y recoger la mayor cantidad de testimonios, puesto que ahí se configura a todas luces una grave violación al DIH, en cuanto a la protección especial a los niños.

Ojalá la Defensoría del Pueblo proceda a elaborar un contundente informe y a activar alertas tempranas para que lo ocurrido en tierra tarrense no vaya a convertirse en una forma de peligrosa degradación del conflicto, teniéndo en cuenta que sí constituyó un riesgo real y evidente contra la integridad y la vida de los menores, porque hasta uno de ellos resultó herido.

Sería extraordinariamente absurdo que ahora hasta una celebración para los niños y niñas deba hacerse por allá en algún sitio cerrado o clausurarse y no volverse a efectuar porque los actores armados ilegales con sus acciones hostiles, buscan confinar a la población y obligarles a cambiar la risa y la tranquilidad por el dolor y el miedo.

Razón tiene la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, cuando argumentó que “la niñez no puede seguir siendo víctima de terroristas”.

Lo ocurrido no puede dejarse pasar como otro pasaje más del conflicto, porque lo que estamos viendo es que la niñez se está convirtiendo en una de las mayores víctimas, porque es reclutada y convertida en objetivo, violándole todos sus derechos.

Es tan delicado el panorama, que la Defensoría ha alertado sobre el aumento de los casos de amenaza de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, que se ha presentado en la zona urbana y rural de Cúcuta, y en El Zulia, Puerto Santander, Villa del Rosario y Tibú.

A manera de interrogante y en medio de la preocupante situación, les dejamos a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de los municipios antes mencionados, la siguiente recomendación que desde comienzos del mes pasado hiciera el defensor del pueblo, Carlos Camargo:

“Es necesario acelerar la construcción de planes de prevención temprana, y de protección, ante el inminente riesgo de reclutamiento, uso y utilización del que pueden ser víctimas las niñas, niños y adolescentes”.

¿Será que al menos ya tienen previsto comenzar a delinear las estrategias? No se puede perder más tiempo porque la degradación acaba de hacer sonar las alarmas desde El Tarra.