Colombia atraviesa momentos decisivos. La elección de Miguel Polo Rosero como magistrado de la Corte Constitucional, con 57 votos en el Senado, marca un hito que trasciende la simple renovación de uno de los órganos más importantes de nuestra democracia.

Esta decisión no solo implica un cambio de rostro en la Corte, sino que expone una estrategia clara: el gobierno del presidente Gustavo Petro busca consolidar una mayoría afín en el máximo tribunal constitucional del país, y tiene cómplices en el Congreso de la República para lograrlo.

Este procese quedó convertido en un espectáculo que deslegitima la transparencia esperada en decisiones de tal envergadura.

Primero, la sesión del 18 de noviembre estuvo rodeada de irregularidades con un empate inédito de 50 votos entre Polo y Claudia Dangond y porque aunque hubo 102 congresistas presentes se contaron 103 tarjetones, desatándose el caos y las sospechas, para en segundo lugar repetirse la votación al día siguiente.

Polo Rosero es señalado por diversos sectores como cercano al gobierno de Petro, aunque hábilmente se ha desmarcado.

Sin embargo es bueno advertir que fue magistrado auxiliar del exsecretario jurídico del presidente Petro, Vladimir Fernández Andrade, en la Corte Constitucional. Su elección no es un hecho aislado.

Entre 2024 y 2025, al menos tres magistrados más culminarán su período, lo que abre la puerta para que el Ejecutivo tenga la posibilidad de designar a cuatro de los nueve miembros de ese tribunal.

Con ello, el petrismo podría inclinar las decisiones hacia sus intereses políticos, afectando la independencia judicial y el equilibrio entre los poderes.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió recientemente sobre este riesgo al señalar lo que muchos temen: que el gobierno de Petro no solo busque avanzar su agenda ideológica, sino que configure un sistema donde los contrapesos democráticos sean irrelevantes, con consecuencias potencialmente irreversibles para el Estado de derecho.

El Congreso de la República, que debería ser el primer muro de contención ante los excesos del Ejecutivo, hoy es cómplice. Los 57 senadores que votaron por Polo Rosero deben ser llamados a rendir cuentas ante la ciudadanía.

Su decisión no solo compromete la independencia de la entidad que actúa como guardiana de la Constitución Política de Colombia, sino que sienta un precedente peligroso en el que los intereses políticos priman sobre la institucionalidad.

Los colombianos no debemos permitir que nuestras instituciones sean sitiadas por intereses particulares. Venezuela es un claro ejemplo del entramado chavista que se quedó con todos los poderes.

Es imperativo que los colombianos estén alertas y que los líderes políticos responsables actúen con firmeza para garantizar la independencia de la justicia.

La Corte Constitucional, como protectora de nuestra Carta Magna, de los derechos fundamentales y del equilibrio entre los poderes del Estado, no podemos permitir que se convierta en un apéndice del Ejecutivo, porque estaríamos renunciando a la esencia misma de nuestra democracia.

Colombia merece más. Merece instituciones fuertes, independientes y comprometidas con el bien común, no con los intereses de un gobierno o de quienes buscan perpetuarse en el poder. Es momento de defenderlas antes de que sea demasiado tarde.

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