¿Qué hará Colombia con 138 mil abogados más en menos de cinco años, si un poco más de 100 mil de ellos están en programas sin acreditación de alta calidad? Significa que no son idóneos para ejercer la profesión en condiciones de eficiencia y eficacia, y, especialmente, de ética, como las que esperan sus clientes.

No es posible confiar en que un organismo como el Consejo Superior de la Judicatura contribuya a remediar el problema de la mala calidad de los abogados mediante acciones disciplinarias, como las que le corresponde aplicar, porque, de acuerdo con expertos como el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, solo es posible aplicar un pésimo control disciplinario: las normas no dan para más.

El panorama de los abogados es tan sombrío, que los académicos creen en que la deficiente formación de abogados incide en la crisis de la Justicia. Es por esta situación que la viceministra de Justicia, Ana María Ramos, considera que “no mejoraremos la administración de la Justicia si no contamos con los mejores abogados: necesitamos abogados leales”.

Movidos por la realidad, los ministerios de Justicia y de Educación trabajan con el fin de elevar de manera importante los estándares de calidad académica: de 165 programas de derecho, solo 46 tienen acreditación de alta calidad. Y parte de la razón para ello la expone el exdecano de derecho de la Universidad del Rosario Antonio Aljure: “no hay talanqueras para crear facultades de derecho. Contratan abogados, les pagan unos pesos, se inventan la biblioteca, y ya está la facultad”.

Esta es la definición clásica de las universidades de garaje, y el derecho, la carrera que más se presta para este tipo de establecimientos, realmente negocios bastante rentables. Por algo hay más escuelas de derecho que universidades…

Y, por algo, también, solamente durante el año pasado, 1.134 abogados fueron sancionados disciplinariamente por faltas contra la ética, e incluso, 37 de ellos excluidos de la profesión.

Más de la mitad de las sanciones fueron para abogados que demoraron o no hicieron las gestiones que les encomendaron los clientes, y una cuarta parte, por no entregar a quien correspondía dineros, bienes o documentos. Significa esto que a las clases de ética, si las hubo en su escuela, muchos no asistieron con el ánimo de entender la dimensión moral y ética de su deber como ciudadanos y como profesionales del derecho.

La calidad de los abogados colombianos en general, pero, en especial, toda la ligereza con la que manejan la ética, ha sido motivo de mofa permanente y de comentarios que, de ordinario, dejan muy mal parada a una profesión necesaria para la sociedad, y eso tiene que cambiar cuanto antes.

Por eso, hay que apoyar la iniciativa gubernamental de imponerle rigor a la formación académica y profesional de los abogados, encargados por la comunidad de darle estructura normativa a las relaciones sociales. Sin duda, es por esto que muchas leyes tienen tantos vacíos, tantas incongruencias, que son inaplicables…

Desde luego, reformar la profesión debe estar encaminado a mejorar todos los estándares académicos y de formación técnica, pero con mucho mayor énfasis, a superar los grandes vacíos y deficiencias en los estándares éticos de la profesión, donde está, precisamente, la parte más crítica de la práctica jurídica.

Práctica que no se refiere solo a la de los abogados litigantes, sino también a los jueces de todo grado, en torno de los cuales cada día hay más insatisfacción ciudadana y mayores niveles de crítica por actividades que la ciudadanía asocia con la corrupción.

Con una reforma profunda, que implique rigor extremo en los estándares formativos de la carrera, es posible que algún día se pueda superar el criterio de algunos papás que se quejan de que su hijo “no sirvió ni para abogado…”