El proyecto de acuerdo de una política pública para los vendedores informales, presentado el mes pasado por la Alcaldía de Cúcuta al Concejo Municipal para su discusión, se quedaría corta para enfrentar la informalidad.

En Cúcuta (área metropolitana), 6 de cada 10 empleados (60,3%de los trabajadores) carecen de beneficios como seguridad social, prima de servicios, cesantías, entre otros, al ser contratados de manera informal o ejercer el autoempleo en las calles. 

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En la zona céntrica hay más de 1.200 vendedores, según registros del Gobierno local, los cuales incluyen a migrantes venezolanos que encontraron en el comercio informal su sustento.

Para el economista e investigador Sadan de la Cruz Almanza, la política tiene una muy buena intención, pero carece de una apropiada conceptualización y poco entendimiento del contexto local. Y más aún, el uso de datos es casi nulo, lo cual no permite complementar y robustecer el ejercicio de participación ciudadana realizado en este proceso de formulación.

“El texto entiende la informalidad desde un enfoque laboral, cuando potencialmente las personas ubicadas en el espacio público consideran su actividad económica más como un negocio, por lo tanto, existe la posibilidad de que una proporción importante de estas personas no esté interesada en, por ejemplo, ser parte de una ruta de empleabilidad, que es una de las acciones propuestas por la Alcaldía”, afirmó Almanza.

El docente universitario destacó que otras acciones particulares, como el Día del Vendedor Informal, pueden ser insuficientes en la búsqueda de reducir la informalidad; incluso, incentivar el pago a seguridad social, a través de cualquier mecanismo, puede que sea muy poco atractivo para la población objeto de la política.

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“La Alcaldía debería pensar el problema desde otro enfoque, por ejemplo, considerar a los vendedores de la calle como negocios informales, porque esto puede llevar hacia un conjunto de acciones diferentes a las planteadas en el documento”, recalcó Sadan de la Cruz Almanza. 

El economista manifestó que, desde esta perspectiva, las acciones pueden dirigirse a reducir esa ilegalidad de la mano de instituciones y programas de nivel local y nacional. Además, podría plantearse el diseño de formas de asociaciones que han funcionado muy bien en otros contextos.

Se acabará el ‘derecho’ a heredar 

El secretario de Gobierno, Miguel Castellanos, recalcó que esta política tiene como propósito central ofrecer soluciones integrales que permitan combatir la informalidad, las cuales incluyen procesos de formalización laboral, integración en cadenas productivas, reubicación ordenada en mercados populares, centros comerciales a cielo abierto y espacios públicos organizados, “permitiendo así que los vendedores tengan ingresos más estables, dignos y equitativos”.

“Además, buscamos romper con la práctica de heredar el supuesto ‘derecho’ a ocupar el espacio público de manera irregular. También se promueven oportunidades de educación y de participación en proyectos productivos, así como la organización y reubicación de los vendedores en lugares adecuados y previamente definidos, no en cualquier sitio”, precisó Castellanos.

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El secretario dijo que otro aspecto importante es regular la masificación de los emprendimientos unipersonales, porque se presentan casos donde una sola persona tiene múltiples puestos en la calle, los cuales alquila a otros. Por lo que, en esos casos, ya no se habla de informalidad, sino de micronegocios que deben transitar hacia la formalidad con condiciones claras y justas.

“Esta política pública es social, económica y productiva. Involucra a diferentes actores (gremios, Cámara de Comercio y juntas de acción comunal), con los que venimos construyendo una propuesta colectiva de ciudad más organizada, justa y sostenible, que mejore las condiciones de vida de los informales y, al mismo tiempo, recupere el espacio público para el disfrute de todos los ciudadanos”, apuntó el funcionario.

Para finalizar, resaltó que no se le va a cobrar al vendedor ambulante o estacionario del centro bajo ningún motivo, lo que sí se les va es a regular es la ocupación del espacio de una manera que cuente con unas medidas claras y unos límites sobre la ocupación.

El dato

El economista Sadan de la Cruz Almanza recordó que, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el año pasado, revelo que el 61,6% de los consultados que trabaja en la calle respondió que no aceptaría, si le ofrecieran un empleo como asalariado, en el cual ganara lo mismo que obtiene actualmente, pero con prestaciones.

Explicó que de estos, más del 40% cuenta con por lo menos entre uno y tres trabajadores. “Sin incluir un análisis más profundo, esto nos deja varias preguntas sin resolver, como: ¿la política debe enfocarse en el empleo? o ¿Las soluciones deben presentarse desde el fortalecimiento del tejido empresarial?”, concluyó.

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