En el departamento se roban aproximadamente la mitad de la energía que mueve Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) a través de su infraestructura. Este panorama se presenta principalmente en el Catatumbo, debido a la situación muy compleja por las conexiones irregulares.
De acuerdo con el gerente de CENS, José Miguel González, el 2025 fue positivo en aspectos de calidad del servicio. Sin embargo, la empresa enfrenta un grave problema, porque está “perdiendo el 47%” de la energía, como consecuencia de quienes se conectan de manera ilegal al sistema.
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“Hemos encontrado conexiones irregulares hacia Venezuela, en minería ilegal y también en algunos cultivos ilícitos. Estas conexiones irregulares ponen en riesgo la prestación del servicio, la continuidad y la calidad; incluso, la vida de las personas”, afirmó González.
El gerente de la electrificadora recalcó que este es uno de los grandes retos que tiene como compañía, porque estos hurtos de electricidad representan pérdidas económicas muy graves.
El líder de Control de Pérdidas de Energía de CENS, Edwin Tarazona Ochoa, sostuvo que las conexiones irregulares representan para la empresa pérdidas que alcanzan los 322,9 gigavatios hora (GWh) al año, con un impacto económico cercano a los $104.000 millones.
“Este escenario no solo compromete la sostenibilidad de la compañía, sino que también limita las inversiones necesarias para garantizar un servicio seguro y confiable en toda el área de influencia”, apuntó.
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Las conexiones irregulares al servicio de energía eléctrica corresponden a fraudes, uniones en servicio directo y manipulación de medidores y acometidas. Estas afectan al sector residencial, comercial y minero de Norte de Santander y constituyen un peligro tanto para quienes manipulan las redes eléctricas o los equipos de medida como para las comunidades, que pueden quedar expuestas a riesgos de electrocución o incendios.
De acuerdo con el informe levantado por CENS, este problema se ha evidenciado con mayor intensidad en los últimos meses en el área metropolitana de Cúcuta y en la zona del Catatumbo.
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Sanciones
Conectarse ilegalmente al sistema de energía constituye un delito tipificado en el Código Penal, que genera sanciones legales, comparendos por parte de la Policía Nacional y multas económicas. El artículo 256 de la mencionada ley establece penas de hasta 6 años de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales ($262.6 millones).
En los primeros ocho meses del año pasado, se impusieron 23 comparendos a personas con fraudes en sus viviendas y a un establecimiento comercial del sector turismo en Chinácota, lo que representó el cierre temporal del lugar por parte de la Policía.
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