La reforma tributaria, una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, recibió esta semana el visto bueno por parte del Congreso de la República, pese a las múltiples críticas que recibió a lo largo de estos tres meses de discusión.

Este fue el primer proyecto presentado por el nuevo Gobierno, tal y como lo anunció el mandatario, justo un día después de haberse posesionado como Presidente de la República, y con la firme intención de recaudar el dinero suficiente para financiar los programas sociales.

Precisamente, esta reforma tributaria fue anunciada para recoger cerca de 50 billones de pesos, pero finalmente fue presentada por 25 billones y al terminar su discusión en el legislativo terminó con un recaudo que alcanzaría cerca de 20 billones de pesos el próximo año.

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“Es una herramienta que ayudará a erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad, al igual que los privilegios de unos pocos y avanzar frente a la inequidad, una promesa fundamental del gobierno del presidente Petro”, manifestó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Frente al proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República el 8 de agosto de 2022 se presentaron varios cambios en el transcurso de estos meses, como el impuesto a las iglesias, que no prosperó, así como a algunos alimentos entre los considerados ultraprocesados.

El proyecto tiene en total 90 artículos a los que le falta el último paso por el Congreso: la conciliación entre ambas corporaciones, debate que está planeado para este martes 8 de noviembre. Por ahora, estos son los puntos más importantes que deja en materia de tributación.

Impuesto al sector minero-energético

Uno de los puntos que más ha llamado la atención dentro del proyecto de ley es el impuesto al sector minero-energético, donde las empresas de carbón tendrán una sobretasa entre 5 % y 10 %, las hidroeléctricas un 3 % y los hidrocarburos entre el 5 % y 15 %.

En el caso de las empresas petroleras tendrá una sobretasa gradual a partir de los 67,3 dólares por barril y hasta los 75 dólares por barril, donde se aplicará el 5 %; mientras que entre 75 y 82,2 dólares se aplicará 10 % y, finalmente, por encima de 82,2 dólares un 15 %.

Entre tanto, las empresas de carbón todavía no conocen la tarifa a pagar para la sobretasa que estará entre el 5 % y 10 %, debido que Senado y Cámara de Representantes votaron de manera diferente y se tendrá que esperar a la conciliación.

Para el director de economía de la Universidad Javeriana, Adrián Garlati, el punto más complicado que no se permita la deducción de regalías del impuesto de renta. “A menos de que sea muy bien reglamentado, va a subir muchísimo la carga tributaria sobre el sector y, seguramente, pondrá en riesgo muchas inversiones de largo plazo”.  

El experto también mostró preocupación en lo que respecta al sector energético, pues este impuesto se traduciría en un mayor costo hacia el consumidor, teniendo en cuenta el contexto inflacionario como el que vive el país a lo largo de este 2022.

La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas manifestó su preocupación, ya que la producción caería hasta 450.000 barriles a finales de la década, y que, si bien esta propuesta considera la variación de los precios internacionales, es la más gravosa de todas y no representa ningún alivio.

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Impuesto saludable

El denominado impuesto saludable fue otro de los temas de mayor rifirrafe en la discusión del legislativo, por el posible impacto que tendría en el bolsillo de los colombianos, por lo que tiene que ver con bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

Aunque este punto está expuesto a la conciliación que se realizará esta semana, para definir el mes de 2023 en que empezará el cobro, por el momento se conoce que la tarifa estará en función del contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros.

Según lo aprobado por la Cámara de Representantes, las bebidas azucaradas con meno de 4 gramos no pagarán impuesto, entre 4 y 8 gramos la tarifa sería de 18 pesos por cada 100 mililitros y superiores a 8 gramos 35 pesos por cada 100 mililitro.

Para el caso de los alimentos ultraprocesados, el impuesto ira de manera progresiva de 10 % a 20 % entre el año 2023 y 2025, donde se incluyen los embutidos, snacks, cereales, galletas, dulces, chocolates, productos apanados, las empanadas, hasta la natilla y los buñuelos, entre otros.

Un punto que preocupa al presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, es que cerca de 250.000 tenderos quebrarían con la aprobación de este impuesto a los alimentos.

“Con un estudio muy completo le advertimos al país, al Congreso, al Gobierno, acerca de este impacto. Las tiendas de barrio van a entrar, seriamente, en un proceso de disminución de sus actividades”, señaló el dirigente gremial.  

Sin embargo, los analistas consideran que en la práctica esto no afectaría al tendero sino a las grandes cadenas. “El Gobierno ha tratado de mantener al margen a los tenderos, lo que seguramente afecte seriamente sea a las grandes cadenas sobre el efecto de estos impuestos”, señaló Adrián Garlati, director de economía de la Universidad Javeriana.

Entre los alimentos que se salvaron de ser gravados se encuentra el pan, en cualquiera de sus presentaciones, las obleas, el arequipe, la miel, el yogurt y los bocadillos.

Impuesto verde

Dentro del articulado también se aprobó el impuesto a los plásticos de un solo uso para la venta e importación de productos fabricados con este material, que son utilizados para empacar, embalar o envasar bienes por única vez.

Este tema también generó fuertes críticas por parte de la oposición y algunos sectores como Acoplásticos, porque le costaría más al bolsillo de los colombianos por cuenta del impuesto al empaque de los alimentos.

Sin embargo, el presidente de la Cámara, David Racero, señaló que este únicamente aplicará para productos que no tengan relación con alimentos de la canasta familiar, ni usados para fines médicos, ni contacto con animales para fines de sanidad.

Adrián Garlati, director de economía de la universidad Javeriana, manifestó que se debe esperar el articulado final, debido a que en las versiones iniciales no estaba claro qué se entiende por plástico de un solo uso.

“Hay un montón de productos que tienen plástico de un solo uso, por ejemplo, los recipientes de limpieza, los empaques de los alimentos y todo ese tipo de cosas, entonces habrá que ver si sobre este impuesto va a recaer todos esos productos, porque ahí si la gama de productos es extremadamente amplia y, seguramente, tendrá un efecto en todos los sectores” señaló.

Cárcel para evasores

Este es uno de los artículos más aplaudidos. En la reforma como terminó en Cámara y Senado, quedó estipulado que la pena de cárcel solo aplicará para todos aquellos contribuyentes que evaden esta responsabilidad hasta tres veces.

“El que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes, con el propósito de defraudación o evasión, en las declaraciones tributarias, por un monto igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses”, se lee en el documento.

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Según el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, los ciudadanos tendrán una primera oportunidad cuando se identifique la evasión, pero si este vuelve reincidir, tendrá que pagar una multa y asumir la privación de su libertad, y si en determinado caso sucede por tercera vez, se pagara una pena de cárcel que oscila entre los 4 y 9 años de prisión.

Zonas francas

Según explicó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, las zonas francas tendrán un sistema de tributación mixto, teniendo en cuenta el articulo 11 en el que se plantea que los usuarios exportadores de zonas francas tendrán una tributación del 20 % y para los que destinen las ventas al territorio aduanero nacional será del 35 %.

De acuerdo con el texto final, para que los usuarios puedan aplicar a este esquema se debe acordar con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un plan de internacionalización para ventas en el exterior.

“Se establezcan objetivos máximos de ingresos netos por operaciones de cualquier naturaleza en el territorio aduanero nacional y los demás ingresos que obtenga el usuario industrial diferentes al desarrollo de su actividad para la cual fue autorizado, reconocido o calificado”, se lee en el parágrafo 6 del artículo 11.

Se espera que el próximo martes, los textos que fueron aprobados en Cámara y Senado sean conciliados, para que pueda seguir su tránsito a la sanción presidencial y convertirse en ley de la República.

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