Ya quedó listo el borrador de decreto con el que el presidente, Gustavo Petro, asumirá el control de la regulación de los servicios públicos en el país, tal como lo había anunciado hace unos días.

La decisión la tomó basándose en el artículo 370 de la Constitución Política y la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.”.

El documento establece entonces el "reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142, serán ejercidas por el Presidente de la República".

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Eso sí, el Petro podrá solicitar el apoyo técnico de las Comisiones de Regulación y demás entidades de cada sector.

Las disposiciones regulatorias tendrán en cuenta estos lineamientos: sujeción a los principios, fines y valores constitucionales y legales; garantía de la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones en esta materia; pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria; y criterios del régimen tarifario de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

Los 'peros' que se le ponen a la medida

Ya han sido varios los gremios relacionados a este ejercicio que dejaron ver las dudas y cuestionamientos que tenían frente a cuáles serán los cambios que el mandatario hará y las consecuencias que esto traerá para el país.

para entender un poco el contexto de la decisión, hay que saber que las tarifas de servicios públicos en Colombia están a cargo de entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios, entidades que establecen, a través de un cálculo y formulas técnicas, el costo de las tarifas de los servicios públicos.

Ahora bien, que Petro haya tomado la decisión de regular estas entidades significa, entre otras cosas, que podrá establecer una tarifa para los servicios públicos de forma autónoma y a su criterio, hecho que, según Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), es muy peligroso y podría significar un retroceso histórico en los servicios públicos del país.

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“Es algo muy peligroso en este momento. Estamos tendiendo todos los puentes, porque una decisión política puede ser un retroceso histórico en los servicios públicos. La CRA y la Creg han funcionado con personas técnicas. Las empresas de servicios públicos son vigiladas y tienen una rentabilidad máxima de 12%, por debajo de la inflación”, explicó Sánchez.

Y es que según el presidenta de Andesco, si la decisión de bajar las tarifas se toma sin tener en cuenta contextos mundiales como la inflación y el desempeño de las empresas de servicios públicos del país, podría significar graves consecuencias para los colombianos, que van desde la deficiencia en el servicio y baja calidad del agua y la energía, hasta dejar a las empresas de servicios públicos sin los recursos a largo plazo para seguir prestando los servicios.

“Tomar decisiones políticas y no técnicas es muy peligroso para el país y puede terminar afectando a quiénes se pretende beneficiar: las personas de escasos recursos. Esto acabaría un proceso que ha venido funcionando, lo que se evidencia en el aumento que hemos tenido en la cobertura, calidad y continuidad de los servicios. Sabemos que nos falta por mejorar, pero hemos avanzado mucho más que el resto de Latinoamérica”, dijo Sánchez Ortega.

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