La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), seccional Norte de Santander, advirtió sobre la preocupante situación de seguridad en el departamento, especialmente en la región del Catatumbo, y sus efectos sobre la operación empresarial, el abastecimiento y la economía local.

El gremio señaló que en los últimos meses se ha configurado un entorno adverso para las actividades productivas, con mayor impacto en el sector minero-energético. Entre las principales afectaciones mencionó la suspensión de operaciones de Ecopetrol en el Catatumbo y las dificultades en el bloque de gas Carbonera, en Sardinata, por bloqueos, restricciones de movilidad y riesgos para el personal.

También alertó sobre la interrupción del servicio de gas domiciliario en Tibú, atribuida a amenazas de grupos armados, y los problemas en la distribución de gas licuado de petróleo (GLP) en municipios del oriente del departamento, lo que ha afectado a hogares y comercios.

A esto se suman pérdidas en el sistema eléctrico por conexiones ilegales y daños a la infraestructura que impactan la operación de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens), así como el hurto de combustible en el poliducto en el sur del Cesar.

La situación se agrava con una falla en la línea de transmisión de 115 kV entre Convención y Tibú, que desde el 8 de abril presenta daños en varios tramos. Las reparaciones han sido suspendidas por problemas de seguridad, ante la posible presencia de explosivos, lo que ha obligado a solicitar acompañamiento del Ejército.

Actualmente, Tibú recibe energía a través de una sola línea, sin respaldo, lo que mantiene a la zona en alta vulnerabilidad ante nuevas fallas. La recuperación total del servicio dependerá de que se garantice el acceso seguro al área.

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En las últimas horas, además, las diez estaciones de servicio del municipio suspendieron la venta de combustible tras recibir amenazas y exigencias de extorsión por parte de grupos armados, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento.

Para la ANDI estos hechos evidencian una presión sistemática sobre la actividad empresarial que ha derivado en la reducción, suspensión e incluso cierre de operaciones, con efectos sobre proveedores, transportadores, comercios y el empleo formal.

El gremio advirtió que, de persistir esta situación, se afectará la confianza inversionista y la capacidad productiva del departamento, profundizando las dificultades sociales en la región.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades para que adopten medidas que garanticen la seguridad, el control del territorio y la protección de la infraestructura estratégica.

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