Colombia tiene cuatro opciones para enfrentar la falta de gas en los venideros años: 1) exploración offshore (costa afuera), 2) importar gas natural licuado (LNG), 3) importar de Venezuela o 4) reservas contingentes no convencionales (no tienen permisos).
Esta apreciación la hizo Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) durante su participación en el seminario ‘Dos años de política energética ¿Cómo vamos y qué falta?’, organizado por esta entidad y el Centro de Estudios Económicos ANIF.
Le puede interesar: JetSmart no descarta la posibilidad de reactivar el vuelo Cúcuta-Lima
Destacó que el país pasó de tener 13.6 años de reservas, en 2010, a 6.1 años, en 2023, es decir, una caída del 55%, en un escenario en el que el consumo se ha mantenido constante, mientras esas reservas han ido cayendo y esa la principal razón del problema que enfrenta Colombia. Además, en 2030, la demanda habrá crecido 11%.
El experto expresó que, de acuerdo con los estudios de Ecopetrol, habrá una brecha en gas en los próximos años que abarcará una tercera parte del consumo, “pero el offshore va a venir a salvar la patria a partir del año 2027 o 2028 y, ciertamente, en 2023, va a suplir el faltante de gas”.
Lea también: Colombia impulsa un acuerdo nacional para reactivar la economía y consolidar la paz
“El gas no se ha acabado, lo que se está acabando es el gas barato”, afirmó el director del CREE, quien aseguró que en los próximos años las tarifas subirían 30%.
Frente a la compra de gas de Venezuela, González afirmó que es una opción con dificultades e incertidumbre, por las sanciones internacionales al régimen de Nicolás Maduro, las cuales podrían mantenerse o endurecerse tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales, a lo que se suma la necesidad de reparar la infraestructura.
La transición energética
El CREE y el Centro de Estudios Económicos ANIF presentaron su visión sobre la política energética del gobierno de Gustavo Petro, a dos años de su inicio y lanzaron propuestas para los dos años venideros, con el objetivo de hacer una transición responsable y coherente con la realidad del país, que garantice seguridad en el suministro sin que haya un gran impacto fiscal.
El economista José Ignacio López, presidente de ANIF, enfatizó que “estamos lejos de alcanzar las metas deseadas en transición energética”. “Es un sector (el de hidrocarburos) que representa el 18% del recaudo total por impuesto a la renta a personas jurídicas y cuyas regalías significan el 1% del PIB anual”, agregó.
Lea además: Lo bueno que pasa en el Catatumbo
López presentó un análisis sobre lo que se necesitaría para reemplazar los ingresos fiscales del sector en caso de que se desee cortar de golpe su producción. Así, sustituir esos recursos implicaría aumentar el IVA del 19% al 25% o hacer que el turismo se quintuplique y lleguen al país 27,4 millones de visitantes, con un gasto de US$1.472 por cada uno.
El economista subrayó que la transición energética no puede hacerse poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, por lo que debe ser gradual y sin desconocer los impactos macroeconómicos.
Tomás González describió cinco acciones para una mejor transición energética:
- Desarrollo de Programas de Interés Nacional Estratégico (PINES) enfocados en energía.
- Crear una reforma fiscal energética enfocada en sustitución de ingresos, eliminación de subsidios fósiles, focalización y una revisión de los precios del carbón.
- Fortalecer la CREG para hacerla independiente y técnica, enfocada en atraer inversión y promover la competencia.
- Convocar a un diálogo sectorial que haga una evaluación realista.
- Actualizar el plan de adaptación sectorial para identificar y evaluar medidas.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
