El aumento por decreto del salario mínimo del 23,7% representa un costo fiscal para el Gobierno, ya que a los afiliados a Colpensiones que perciben una pensión de un salario mínimo se les incrementa la mesada, además de generar un mayor gasto en la nómina pública.
Un informe del Centro de Pensamiento Económico ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) reveló el costo adicional que esta medida del presidente Gustavo Petro tiene para el Estado.
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El presidente de ANIF, José Ignacio López, explicó a La Opinión que en el informe calcularon cuatro mecanismos por los cuales el incremento del salario mínimo ejerce presión sobre las cuentas fiscales: el Gobierno como empleador; como garante del pago de pensiones (Régimen de Prima Media de Colpensiones); como garante de los riesgos del producto de rentas vitalicias, y como recaudador de impuestos.
“La suma de estos, que son estimados con cierto grado de incertidumbre, nos arroja que, por cuenta del aumento del salario mínimo, va a haber una presión fiscal de $7 billones este año”, detalló el economista.
López agregó que los dos componentes más importantes son el pago de pensiones, que asciende a $3.1 billones, y una potencial pérdida de recaudo, debido a que el efecto del incremento del salario mínimo presiona los costos laborales de las empresas y puede reducir su margen de utilidades.
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Así, en la medida en que se deduzcan los costos laborales de las declaraciones del impuesto de renta de las personas jurídicas, podría haber igualmente una merma importante de recursos, cercana a los $3.5 billones.
Por otro lado, está el mayor costo asociado al mecanismo de cobertura del riesgo del deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias, establecido en el Decreto 036 de 2015. En 2025, el Presupuesto General de la Nación (PGN) apropió $990.792 millones para este rubro, que consiste en complementar los recursos necesarios derivados del diferencial entre el crecimiento del salario mínimo y la inflación.
Los investigadores de ANIF estimaron que, para 2026, este costo podría incrementarse en $1.5 billones.
El coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Alejandro Toca, señaló que el impacto del aumento no está solo en la variación del salario mínimo, sino en la estructura de indexación que tiene el Estado.
“El salario mínimo es una unidad de referencia para una parte importante del gasto público: salarios de servidores de menor rango, honorarios, contratos, subsidios, transferencias, multas y aportes, entre otros. Por eso, el ajuste del 23,7% genera un efecto cascada sobre el gasto corriente, especialmente en entidades territoriales (municipios y departamentos) que ya operan con presupuestos muy estrechos”, sostuvo Toca.
¿Cuáles son las consecuencias?
Alejandro Toca resaltó que cálculos técnicos, como los de ANIF, han estimado que un incremento del salario mínimo de esa magnitud puede representar varios billones de pesos adicionales en presión fiscal agregada, distribuidos entre la Nación y los territorios y escalonados en el tiempo.
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Añadió que el impacto es mayor en sectores como salud, educación, administración pública local y empresas públicas, donde hay una alta concentración de trabajadores cercanos al salario mínimo o contratos indexados.
El profesor del Politécnico Grancolombiano manifestó que, en síntesis, el ajuste del salario mínimo responde a una necesidad social real, pero su impacto final depende menos del porcentaje anunciado y más de cómo el Estado y la economía absorben ese aumento.
José Ignacio López expresó que, como consecuencia del incremento del salario mínimo, habría presión para que las cuentas fiscales del Gobierno permanezcan en rojo, en la medida en que podría estar asociado a una menor recaudación de impuestos y a un mayor gasto en pensiones.
El dato
Según Colpensiones, a noviembre de 2025, el 55,4% de los pensionados —aproximadamente 1.027.734 personas— recibe exactamente un salario mínimo.
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